Buenos Aires
En la resolución de más de 550 páginas en las que el juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner –entre otros- como jefa de una asociación ilícita en la que se pagaron y cobraron coimas millonarias, se explicó que la investigación judicial es particular.
El juez dijo que el caso que comenzó con los escritos del chofer Oscar Centeno y terminó con las confesiones de empresarios y ex funcionarios, por su “excepcionalidad, dimensión y complejidad” rompe “ese molde” que caracteriza a otras investigaciones de corrupción.
En la introducción de la resolución Bonadio señaló que “ …se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015, donde una colusión de funcionarios y empresarios [la Real Academia Española define la palabra “colusión” como: “un pacto ilícito en daño de tercero”], hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados.
Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos “retornos” o “coimas”.

Fondos
Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban “inflados” en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos.
El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”.
Luego de explicar el funcionamiento de lo que describió como una organización criminal con componentes públicos y privados, Bonadio remarcó que la instrucción de la causa no finalizó -como en casi todos los otros casos de corrupción- sino que seguirá durante más tiempo.
El juez dijo que “Normalmente, en el proceso penal vigente, el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento, según corresponda en cada caso, es el final de la etapa de investigación durante la instrucción.
Sin embargo esta causa no puede formar parte de ese esquema ya que es de una excepcionalidad, dimensión y complejidad que ‘rompe ese molde’, con lo que cumpliendo con las prescripciones del Código Procesal Penal de la Nación, es necesario continuar la investigación, más allá de este auto de mérito, hasta clarificar completamente las maniobras ilícitas por las que se estructuraron todas las “cajas de recaudación” por lo menos en lo que hace a los funcionarios que integraban el ex-ministerio de Planificación Federal y los empresarios que se les asociaron”.

Pagos
En la investigación se detectó el pago de coimas en otros sectores de negocios que estaban bajo la influencia del ministerio de Planificación donde mandaba Julio De Vido. “Por lo tanto -dijo Bonadio en el procesamiento- en la medida que las hipótesis de investigación en las áreas de obra pública, transporte, concesión de corredores viales, energía, subsidios al transporte automotor o ferroviario y otras que se pudieran descubrir, corroboren que en estos sectores se replicaban las mismas maniobras corruptas, si bien cada una adaptada a sus propias características, es que se reiterarán sucesivos autos de mérito a fin de determinar las responsabilidades penales que en derecho correspondan de quienes desde el sector empresario o en su carácter de funcionarios públicos actuaron en detrimento de los intereses del pueblo y del erario público”.
La investigación que empezó con los escritos de Centeno no finalizó. El procesamiento firmado ayer en el que quedó al descubierto una matriz de corrupción estatal-empresarial, es apenas el inicio.
La primera vez que se habló de Centeno y de su tarea de pasear en auto a Roberto Baratta juntado dinero de coimas en bolsos fue el 1 de noviembre pasado. La ex mujer lo denunció en el juzgado de Bonadio. Luego el periodista de La Nación, Diego Cabot, aportó las copias de los cuadernos y el último día de julio se produjo la primera detención: la de Centeno. Desde entonces y hasta ayer se desarrolló la primera fase de la investigación. El caso recién empieza.