Buenos Aires
La maquinaria de Austral Construcciones será entregada al municipio de Río Gallegos.
Lázaro Báez, preso hace dos años y próximo a enfrentar su primer juicio oral y público por lavado de activos, verá cómo el Estado subastará dos de sus aeronaves predilectas. La decisión está en manos del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4).
Las maniobras de lavado de dinero por las que está preso Lázaro Báez, y que tuvieron origen en los fondos obtenidos a través de la obra pública durante el gobierno kirchnerista, le permitieron incrementar su patrimonio en un 45.313%, según la Justicia.
En 2002 el empresario K contaba con $ 1.123.181, hacia 2012 llegó a superar los 600 millones de pesos, pero el número final para su fortuna fue de 3.021 millones de pesos.
Entre los más de 4.100 bienes, el socio comercial de Cristina Kirchner cuenta con una flota de aviones propiedad de su empresa Top Air.
Una de esas aeronaves es en la que llegó a Buenos Aires el 5 de abril de 2016 cuando quedó detenido por orden del juez Sebastián Casanello.
Con el avance de la causa ya elevada a juicio oral, los embargos sobre sus bienes se ordenaron en 600 millones de dólares.
En este contexto y con sus bienes cautelados, el TOF 4, ordenó que dos de los aviones sean subastados por el Estado Nacional y los fondos obtenidos se deposite en una cuenta a nombre del tribunal en el Banco Nación.
Se trata del Lear Jet 35 (LV-BPL) otorgada como guarda judicial al Ministerio de Seguridad de la Nación, y del Rockwell Turbo Comander 690B, que tiene la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación (JIAAC).
Las dos aeronaves se encuentran sin operar por problemas técnicos y las reparaciones costarían al Estado 347.446,98 dólares.
Desvalorización
Con el fin de evitar la desvalorización de las aeronaves, el Tribunal dio autorización al Estado para que subaste los dos aviones y los fondos se depositen en una cuenta judicial, hasta tanto se finalice el juicio y se tome una decisión sobre el multimillonario patrimonio del socio comercial de Cristina Kirchner.
No son los únicos bienes en manos del Estado. Un parque automotor de Austral Construcciones está bajo guarda judicial de Vialidad Nacional.
De hecho en los últimos operativos en los campos del empresario K la Justicia -en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas-, ordenó una serie de excavaciones donde se utilizaron máquinas de la firma insignia de Báez que supo ganar 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos: la mitad de las obras quedaron inconclusas y se cobraron con sobreprecios del 65% según la Justicia.
Por ejemplo, Lázaro Báez había firmado, a través de su empresa Austral Construcciones, un convenio con Vialidad Nacional para ejecutar 100 cuadras de pavimento en el municipio de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.
Para eso, el empresario predilecto de los Kirchner cobró, hacia 2015, el total del trabajo, valuado en 314 millones de pesos.
Pero a pesar de haber cobrado el monto total, Lázaro Báez apenas cumplió con el 22% de la obra.
Kirchneristas
Los convenios de Vialidad fueron realizados con los intendentes kirchneristas de Gallegos, Raúl Cantín y Pablo Grasso, quienes no se preocuparon por el desarrollo de la obra en su comarca.
Pero la llegada de un radical a la intendencia hizo que la Justicia interviniera en el asunto: Roberto Giubetich se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello y requirió que le cedieran la maquinaria de Austral para el Municipio de Río Gallegos.
Es que Báez está preso desde abril de 2016 y toda la maquinaria de Austral está varada, sin uso y perdiendo valor en sus talleres.
Por eso, Giubetich llegó hasta el TOF 4 (Tribunal Federal 4) y allí, solicitó la entrega de las máquinas para avanzar, desde el municipio, con la conclusión del pavimentado de la capital santacruceña.
Atento a que ya había existido un antecedente de entrega de material decomisado, el intendente radical pidió hacerse cargo de 49 unidades, que son las que están en mejor estado del paquete que tenía en su poder Austral Construcciones.
Así, Giubetich recibirá por orden judicial -y en calidad de “depositario judicial”- motoniveladoras, palas cargadoras, fresadoras de asfalto, retroexcavadoras, bateas para transporte de material, una planta de asfalto (para hacer bacheo), once camiones, tres VANs y siete camionetas.
La resolución judicial del Tribunal Oral 4 lleva la firma de los magistrados Néstor Guillermo Costabel, Pablo Daniel Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez, todos ellos jueces de Cámara.
Saneamiento
Ahora, el funcionario municipal deberá retirarlas, identificarlas adecuadamente, hacer el seguro correspondiente y redactar un acta del estado de la maquinaria: con todo ese papeleo finalizado, las máquinas que eran de Báez pasarán al erario público.
¿Qué va a hacer con eso el municipio? Proceder al saneamiento de un basural a cielo abierto de Río Gallegos, el mantenimiento de la red de calles de ripio (donde por ejemplo, se lidia con suelos congelados) y la reparación de la red vial en mal estado.
Un elemento fundamental para eso es el arreglo de dos arterias que se superponen con la Ruta 3, la Autovía y la Avenida San Martín, que serán repavimentadas y que resultan vitales para esa ciudad donde los Kirchner -y los Báez- supieron dominar.
Finalmente, los bienes de Lázaro comienzan a ir al Estado: en este caso, será la Municipalidad de la capital de Santa Cruz la beneficiaria de los bienes recuperados de la corrupción.
