Buenos Aires
El fiscal ante la Cámara Federal respaldó la apelación que hicieron Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa que comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno
El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes sostuvo la apelación que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo del procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio en la investigación de corrupción iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
El 17 de septiembre pasado Bonadio había procesado a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. En la causa se reveló el pago de coimas que empresarios de la obra pública -y de otras áreas- les hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con negocios.
El juez había dictado los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno -chofer de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación del kirchnerismo- más las declaraciones de 20 arrepentidos.
Bonadio consideró jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner y la procesó con prisión preventiva a resultas de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal para que, de confirmar el procesamiento, el Senado de la Nación le quite sus fueros para proceder a detenerla.
En este contexto, Moldes solicitó que una vez confirmada la resolución por la Cámara, se le quiten los fueros a la ex mandataria y sea detenida de manera “inmediata”.

Memorial
El fiscal inició su memorial presentado ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal señalando que no hay demasiadas diferencias entre los fiscales y la decisión de Bonadio: “De la lectura de los agravios de los recurrentes se advierte que el disenso entre la posición del Juez y la del Ministerio Público es mínimo.
Básicamente se limita a la calificación legal asignada a una parte de los hechos, los tipos penales aplicables y el rol desempeñado por algunos de los integrantes de la asociación delictiva”, dijo Moldes.
El fiscal respaldó todo lo solicitado por los fiscales, quienes pidieron que los imputados sean acusados del delito de cohecho (coimas) y no por el de dádivas.
“A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones -señaló- parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”.
Y agregó que la confesión como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, así lo muestra: “Tal declaración resulta determinante para entender que los pagos, efectuados por los empresarios y que eran receptados por los funcionarios corruptos, exceden el mero intento de congraciar al receptor. Por el contrario, se conformó una cadena de engranajes para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores se beneficiaran con los contratos de obra pública obtenidos de manera espuria, y en desmedro de las reglas de la competencia”.

Imputados
El fiscal, en su presentación a la que accedió Infobae, citó las declaraciones de varios imputados para mostrar que “…los pagos efectuados no tenían, por cierto, el carácter de una mera dación, o como homenaje al funcionario y sin esperar contraprestación o acto por parte del agente que recibe; sino que demuestran la clara existencia de un acuerdo venal y corrupto entre empresarios y funcionarios públicos, a fin de obtener de ambos lados un lucro indebido; el funcionario provecho patrimonial en función del cual liberaba un pago; adjudicaba una obra, extendía una concesión o la obtención de subsidios”. Para Moldes se pagaron coimas y no dádivas.
Moldes coincidió también con Stornelli y Rívolo en cuanto a que Wagner, el financista Ernesto Clarens, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Gerardo Ferreyra, fueron organizadores de la asociación ilícita bajo investigación y no tan solo miembros como determinó Bonadio.
El fiscal explicó el funcionamiento de una asociación ilícita: “Veamos, es jefe de una asociación ilícita quien detenta un dominio mayor del quehacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda, de manera tal que los otros deben rendirle cuentas constantemente, pues es el jefe quien tiene la última decisión. Esos jefes, a su vez, pueden ser también organizadores o delegar en otros esa función, pero siempre, imparten directivas y ordena jerárquicamente la asociación –En el presente caso hablamos de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner-”.
Y continuó: “El organizador, necesariamente debe intervenir en su establecimiento, sea al fundarla o una vez constituida. En el primer caso serían aquellos que deciden conformar una ‘sociedad’ tendiente a cometer delitos, diagramando el esquema diario para cumplir con los propósitos delimitados por el acuerdo previo; son los que toman a su cargo la tarea de esquematizar la asociación, al menos en el rubro que les compete, de manera que suelen tener más conocimiento acerca de las actividades propias que desarrollan; son los que han actuado en su establecimiento, ordenamiento o constitución”.
“Por ello quien organiza debe tener un reproche mayor al de los integrantes y menor que el del jefe. Mientras que un mero integrante puede agruparse luego de que la organización ya esté conformada por al menos tres personas, del organizador depende, que se den los recaudos necesarios para que efectivamente se constituya la asociación. Comprende a aquél que establece las bases constitutivas de la sociedad o a quien es el encargado de la programación de los planes delictivos que la banda tiene como finalidad cometer”, añadió.
Por eso Moldes señaló que Clarens “integró la sociedad desde casi sus comienzos, por tanto tuvo una participación primordial tanto en su desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner”.
“Él era quien recibía los pagos provenientes del sector de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para girarlos a sus destinatarios finales, por él se canalizaban los pagos ilícitos. Su rol de organizador se percibe claro cuando vemos que de las declaraciones surge que el sistema de pagos no había sido entendido hasta que él diagramara el camino que debía cumplirse, Wagner, por ejemplo, señaló que el esquema era confuso y que fue a partir de su incorporación, por decisión de los funcionarios, que se hizo estable y ordenado”, planteó el fiscal en el escrito.