Caleta Olivia
El concejal Rubén Martínez se presentará hoy en el Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Contreras para prestar testimonial en la denuncia que le realizó el año pasado su par, el edil Pablo Calicate por la entrega de lotes.
Según datos recabados por Diario Más Prensa, el concejal krichnerista Pablo Calicate presentó en noviembre del año pasado una denuncia penal contra su par Rubén Martínez acusándolo de entregar lotes de manera irregular en un predio de 240 hectáreas.
Tras radicarla en la Fiscalía 2, Calicate volvió a remarcar que Martínez “actúa en la ilegalidad porque no tiene atribuciones para otorgar terrenos”, ya que esa facultad le corresponde a la Comisión Bidepartamental de Tierras que está conformada por miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la comuna. De todos modos, en ese momento, el concejal Martínez era integrante de la Comisión de Tierras.
En este contexto, Calicate expone en la denuncia que Martínez labró un acta de entrega con membrete del Concejo Deliberante “en la cual se auto-atribuye la potestad en carácter de presidente interino del Concejo”.
La entrega de lotes, congregó a más de cinco mil personas que concurrieron a solicitar un lote para construir su vivienda, debido a la falta de respuestas del estado municipal.
Entre ellos figuran empleados provinciales tales como docentes, de las fuerzas policiales, municipales, además de ceder terrenos a instituciones religiosas, clubes, entre otros.
Según trascendió, Rubén Martínez fue citado días atrás y hoy realizará su presentación en el Juzgado.
“No voy a escapar a las citaciones de la justicia. Voy a presentarme como cualquier ciudadano que es convocado para aclarar la situación”, indicó escuetamente ayer el edil Rubén Martínez, quien tuvo una gran popularidad al momento de la sesión de lotes.
Durante la entrega de terrenos, Martínez consideró que entregaba “ante los pedidos y necesidades de la gente” a pesar de las duras criticas recibidas de sus pares y funcionarios.
De todas maneras, el edil se refirió al decreto de ley 1735 que establece que las 240 hectáreas pertenecen a la municipalidad.
En tanto, Martínez hará hincapié en la reciente sancionada ley de regularización de villas, impulsada por el Ministerio de Desarrollo, que declara la “utilidad pública” y sujeto a expropiación de las tierras (en gran medida privadas) donde se localizan 4.416 asentamientos urbanos precarios. El objetivo es entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
El proyecto establece además que los gastos del proceso “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”, al tiempo que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso para “financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.
De acuerdo al texto, el sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en conjunto con la cartera nacional, deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles.
La norma también establece la suspensión de los eventuales desalojos que puedan estar en curso mientras se hace el proceso de regularización dominial.