Río Gallegos
ADOSAC provincial emitió ayer un comunicado de repudio por la citación a indagatoria para los docentes Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Claudio Wasquín.
“Nuestra solidaridad con Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquín ante el llamado a indagatoria. Es una vergüenza que el gobierno de Santa Cruz junto a su justicia cómplice lleven adelante una grotesca maniobra donde criminalizan burdamente la protesta social exponiendo su vacía estética de derechos humanos”, señalan en el comunicado dado a conocer ayer.
Sostienen que “la protesta para el progresismo de cotillón no es un derecho sino un delito. Más allá de una causa sin pruebas que raya lo absurdo, resulta patético que sigan tratando de difamar y envilecer a militantes sociales que luchan y resisten frente a políticas y políticos reaccionarios”.
“Son aquellos que empobrecieron a nuestra provincia desde la corrupción y el oportunismo quienes juzgan desde su doble moral al que los enfrenta con la convicción de su propia dignidad. A nuestros compañeros de siempre les decimos que nunca habrá soledad en este camino porque no sólo cuentan con el sostén de una verdad irrefutable sino también con la compañía auténtica y solidaria de quienes seguiremos peleando al lado de ustedes”, aseveran en el texto dado a conocer.

Protesta
La justicia provincial llamó a prestar declaración indagatoria a tres dirigentes del gremio docente por el supuesto delito de “daño agravado” que habrían realizado mientras participaban de una protesta frente a la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, donde además se encontraba la senadora Cristina Kirchner .
Tras pasar un año y siete meses del hecho, la jueza Rosana Suárez a cargo del juzgado de Instrucción 3 de esta ciudad convocó a los docentes Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Claudio Wasquín a presentarse a indagatoria en los próximos días.
La decisión generó la reacción de la Asociación Docente de Santa Cruz, ADOSAC: consideró que se trata de un ataque del gobierno de Alicia Kirchner contra el gremio docente.
Los hechos que la Justicia investiga ocurrieron el viernes 21 de abril de 2017 mientras Cristina y su nieta de 18 meses se encontraban cenando junto a su cuñada, la gobernadora, cuando una manifestación de estatales que reclamaban por el pago de sus salarios se congregó frente a la residencia oficial por calle Alcorta.
Al día siguiente la expresidenta grabó un video mostrando los daños supuestamente causados por los manifestantes y acusó al senador nacional radical Eduardo Costa al considerar que lo ocurrido estuvo “organizado y planificado por hombres de Cambiemos en la provincia” y tuvo “el visto bueno del gobierno nacional”, denunció.
Para la Asociación de Docentes de Santa Cruz, que se solidarizó con sus dirigentes, la decisión de la Justicia apunta a criminalizar la protesta social.
“Más allá de una causa sin pruebas que raya lo absurdo, resulta patético que sigan tratando de difamar y envilecer a militantes sociales que luchan y resisten frente a políticas y políticos reaccionarios”, aseguraron hoy a través de un comunicado de prensa.

Hechos
Esa noche, un extenso cordón policial rodeaban residencia de gobernadores y al menos cuatro custodios de la ex presidenta permanecían en el interior.
Sin embargo, la situación se desbordó cuando los efectivos reprimieron a los manifestantes que, según la versión oficial, “habían atravesado el portón de ingreso a la residencia”. Hubo al menos cuatro estatales heridos.
A raíz de los hechos, el gobierno de Santa Cruz radicó una denuncia penal por “daños, atentado contra el orden constitucional y democrático, sedición y violación de domicilio” contra los manifestantes. La prueba aportada fue el video que grabó la ex presidenta al día siguiente de los incidentes.
La denuncia fue presentada por la fiscal de Estado adjunta de la provincia, Andrea Askenazi Vera, quien sugirió además que habría existido vinculación entre los incidentes y la presencia de medios de prensa nacionales que cubrían la protesta.
La ex mandataria aseguró en el video filmado en el lugar que los incidentes registrados esa madrugada significaron “el lanzamiento de la campaña al mejor estilo de Durán Barba”, cuya consigna, dijo, es “cortar la cabeza de Alicia Kirchner y colgarla como un trofeo, como una suerte de mensaje para todos los gobernadores que no pertenecen a Cambiemos”.