Buenos Aires
El empresario kirchnerista Lázaro Báez, procesado por lavado de dinero, se encamina hacia su tercer año de prisión preventiva.
En la quinta audiencia del juicio por “la ruta del dinero K” y ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) su abogado Víctor Hortel pidió su excarcelación y, en caso de no obtenerla, su prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
Báez enfrenta junto a sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina) el primero de varios juicios que le quedan por delante en causas de corrupción.
En este caso, junto a otros 21 imputados, se le atribuyó el delito de “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, agravado por la habitualidad”.
El empresario K y ex socio comercial de Cristina Kirchner, se encuentra detenido desde abril de 2016. Al finalizar los dos años de su prisión preventiva, y previo al inicio del juicio a cargo del TOF 4, solicitó su excarcelación.
Entonces, el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, prolongó por un año más de forma excepcional la detención del dueño de Austral Construcciones.
Entre otros aspectos, se contempló la existencia de otros procesos judiciales que lo involucran a Báez en maniobras de corrupción.
Además, el fiscal Córdoba guardó la reserva de pedir que la prisión preventiva pueda incluso prolongarse por más tiempo durante el desarrollo del juicio oral.
Ahora, con el juicio en marcha y una audiencia semanal, la defensa de Báez insistió con su excarcelación señalando que se venció el plazo de la prisión preventiva.
De todos modos, en caso de no obtenerla, plantearon una medida más morigerada: la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Resolución
El juez Costabel informó que se generará un incidente con este requerimiento y que será resuelto en los próximos días.
Cuando Lázaro fue procesado por el juez Sebastián Casanello, se lo acusó también por el “atesoramiento de fondos en Suiza”.
Hasta entonces, Báez había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país. La última acusación fue por haber lavado 60 millones de dólares y en esas cuentas en el exterior fueron sus cuatro hijos quienes figuraban como beneficiarios finales.
La “ruta del dinero K” quedó vinculada con la causa de la defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el gobierno kirchnerista (52 contratos por $ 46.000 millones).
En ese expediente, el juez Julián Ercolini lo procesó junto a Cristina Kirchner por asociación ilícita.
Y esos supuestos contratos fraudulentos, a través de los cuales el dueño de Austral Construcciones habría obtenido fondos millonarios, se consideraron como delito precedente en la causa por el que el empresario está preso hace dos años y medio.
Por ello, en el tercer procesamiento en su contra dejó a los 26 imputados cerca de afrontar una pena máxima de 14 años, donde pesó la habitualidad de las operaciones.

Maniobras
La primera maniobra bajo la lupa es la que se registró en las imágenes de la financiera SGI -conocida como “la Rosadita”- donde se vio a Martín Báez y otras personas del entorno del empresario K contando 5,1 millones de dólares.
Después, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se reingresaron al país 33 millones de dólares incorporados al patrimonio de Austral Construcciones SA (ACSA) a través de una serie de transacciones con títulos de deuda pública.
Estos fueron adquiridos en Suiza y depositados por el banco J. Safra a través de Helvetic Services Group. El abogado Jorge Chueco como administrador de esta firma, endosó al menos, nueve cheques a favor de ACSA que fueron depositados por la firma en el Banco Nación.
Se sumaron más operaciones cuando Suiza confirmó, tal como contó Clarín, 139 operaciones bancarias 20 millones de dólares realizadas a través de SGI y Marketing and Logistic Managment SA con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, donde habría cuentas asociadas “la familia Báez”. Los cuatro hijos de Lázaro eran los beneficiarios finales de las cuentas.
Por la suma de dinero que se blanqueó, 60 millones de dólares, se les aplicó a cada uno de los que intervinieron en las operaciones un embargo de 600 millones de dólares: la pena máxima que contempla la ley de lavado.
Además, se incluyó a las empresas que fueron indispensables en las operaciones de lavado: Austral Construcciones, Helvetic Service Group, la financiera SGI, entre otras.
Cada una afronta una medida cautelar, también de 600 millones de dólares. (Fuente: Clarín)