Buenos Aires
La Justicia descubrió una nueva “Ruta del Dinero K”. Este camino, como otros vinculados a la fuga de divisas de origen ilegal para blanquear fondos, también tiene entre sus protagonistas al socio de la familia Kirchner, el constructor preso Lázaro Báez.
Pero la investigación suma novedades. El titular de la fiscalía federal 11, Gerardo Pollicita, pidió la declaración indagatoria del financista Ernesto Clarens, confeso en otro expediente como cobrador de millones de pesos provenientes de sobornos de empresarios, también confesos de cometer ese delito.
Pollicita le elevó al juez Julián Ercolini un dictamen en el que pide la apertura de una nueva causa apoyada en notables descubrimientos de lo que ya parecía agotado.
Sí, hay más senderos financieros con millones provenientes del Estado, que se bifurcan en originales modos de lavar divisas y beneficiar al empresario de la construcción.
Métodos novedosos de una trama en la que siempre emerge un camino por el que corrió dinero. No son caminos asfaltados para vehículos, como los que cobró y debió terminar Lázaro Báez. Son caminos complejos, aunque no por eso indetectables, que evidencian maniobras cada vez más sofisticadas de quienes suelen ocultar sus ganancias.
En este caso, además, el ocultamiento incluye al organismo que debía controlar y recaudar el pago de impuestos de proveedores de Báez.
Según el fiscal -que trabajó junto con una de las autoridades de la AFIP, el técnico Jaime Mecikovsky-, estos impuestos eran “perdonados” por la autoridad que debió ser su verdugo y no su cómplice: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al mando de Ricardo Echegaray.
Documental
Pollicita, quien obtuvo el aporte documental de actuales sabuesos de la AFIP, sostiene que “el amigo presidencial” (así llama a Báez) habría “implementado entre los años 2005 y 2009 una maniobra criminal” con la que “se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero (los multi millones que el Estado K le entregó a Báez) a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolos de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.
Pollicita calcula que Báez -en esta nueva Ruta del Dinero K-, con la ayuda de Clarens y el resto de los imputados, habría lavado al menos ciento sesenta millones de dólares, “los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, impidiendo definitivamente su trazabilidad”.
Pollicita escribió un dictamen detallista de ciento setenta páginas (casi una por millón de dólares posiblemente blanqueados por los imputados).
El fiscal y la actual gestión de la AFIP muestran cómo las empresas constructoras de Báez usaron facturas de empresas truchas y de proveedores reales pero que desconocieron haber trabajado para el constructor, con el objetivo de desviar fondos hacia una decena de financieras que cobraban y devolvían en efectivo los montos de cheques endosados por las compañías del empresario K.
Maniobra
Pollicita explica que el “modus operandi” de esta nueva maniobra de lavado de activos consistía en “la ficción de costos inexistentes en las obras públicas.
El desvío hacia Gotti (otra constructora satélite bajo su control) de los fondos sustraídos al estado nacional por Austral Construcciones, no sólo permitía alejar en apariencia ese dinero de Lázaro Báez, sino que a la vez era de gran utilidad para disimular con mayor eficacia dichos ‘costos’ -reflejados en facturas apócrifas- entre millones de pesos de gastos reales que Gotti afrontaba para la realización de las obras”.
El fiscal continúa redactando el resumen de las operaciones así: “La empresa Gotti no solamente era conveniente para su uso en la maniobra (N de la R: de lavado de activos) por las razones expuestas, si no que además tenía una característica muy particular que la hacía funcional al plan criminal: había cedido sus cobranzas y sus pagos a una tercera personas, Invernes SA, controlada por el financista Ernesto Clarens. En definitiva, con esto habría de obtenerse otra interposición en el curso de los fondos y un paso más en el distanciamiento de su origen, toda vez que los respectivos cheques que estaban destinados a cancelar esas facturas apócrifas, no serían girados ni contra Austral Construcciones, ni contra cuentas de Gotti, si no contra las cuentas de Invernes, una sociedad anónima porteña dedicada a actividades financieras, sin relación visible con el fraude al Estado, sobre la cual no recaía, por entonces, sospecha alguna”.
Pollicita incluyó en su nuevo dictamen el listado de todas las proveedores inexistentes, que serían alrededor de un centenar.
La AFIP de la gestión K ayudó a esas compañías “cáscara” de un modo sistemático: las “resucitaba” las empresas “truchas” de Lázaro, debido a que postergaba cualquier sanción a esas sociedades fantasmas, incluyéndolas en generosas y muy uniformes moratorias fiscales.
Esas firmas inexistentes lograron una muy efectiva selección del organismo recaudador: absolutamente todas entraron en planes de pago de impuestos. Todas es todas. El papel del ex titular de la AFIP K, Ricardo Echegaray, en esta historia, recién comienza a investigarse, se desprende por la lógica del dictamen de Pollicita.
