Buenos Aires
El jefe de Estado impulsó un Decreto de Necesidad y Urgencia para recuperar los bienes obtenidos producto de esos delitos. La ley había quedado trabada en el Congreso, con duros cuestionamientos de la oposición.
El presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la extinción de dominio de los bienes obtenidos por la corrupción y el narcotráfico.
En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario señaló que el objetivo de la medida es que “la Justicia pueda avanzar más rápido en la recuperación” de bienes.
“Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años, ya esperamos demasiado”, remarcó Macri.
El Presidente señaló que con el dinero recuperado se construirán “escuelas, cloacas”, y que también se podrán “subastar” los “campos, casas, barcos, autos y obras de arte” provenientes de estos delitos.
“En Argentina, el que las hace las paga”, enfatizó el mandatario nacional, en un breve anuncio.

Iniciativa
La iniciativa fue propuesta en agosto del año pasado por oficialismo en la Cámara de Senadores. Sin embargo, por los fuertes cuestionamientos de la oposición el proyecto sufrió un duro revés y ni si quiera logró un dictamen de mayoría para ser debatido.
Otra medida similar había sido presentada por el exdiputado Sergio Massa en la Cámara baja dos años antes, pero tras ser aprobada en ese recinto en junio de 2016 quedó trabada en el Senado.
Luego, la Cámara alta aprobó otro texto de autoría del salteño Rodolfo Urtubey, pero con algunas modificaciones que no cumplían con las intenciones de Cambiemos. Finalmente, los proyecto naufragaron en el Congreso, donde el oficialismo no contaba con los votos suficientes para sacar la norma como pretendía.
Los primeros en celebrar la decisión fueron los radicales y la Coalición Cívica, dos de los integrantes de la Alianza gobernante junto al PRO.

Qué es el DNU de extinción de dominio
La medida fue anunciada por el primer mandatario desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en el marco de una rueda de prensa convocada por Presidencia.
El presidente Mauricio Macri anunció la firma de un decreto que pone en marcha la extinción de dominio, un instituto jurídico dirigido a recuperar los bienes de origen ilícito.
La medida fue anunciada por el primer mandatario desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en el marco de una rueda de prensa convocada por Presidencia.
El Poder Ejecutivo había intentado impulsar un proyecto de ley con esa iniciativa pero no logró el apoyo requerido por parte del Congreso. La iniciativa que tiene como objetivo que el Estado pueda recuperar los bienes provenientes de la corrupción y el narcotráfico fue votada en la Cámara de Diputados en junio de 2016. Tras casi dos años, el Senado le introdujo modificaciones.
La iniciativa volvió a Diputados para su segunda revisión, con los cambios acordados por la oposición, pero Cambiemos rechazó esas modificaciones y el debate se estancó.
La extinción de dominio es un término utilizado para referirse a la manera en la que el Estado le quita a una persona los bienes relacionados con un delito.
El objetivo de dicha herramienta legal es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos descubiertos. De esta manera, mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos.
Según explicó el ministro de Justicia, Germán Garavano, al término del anuncio oficial, a diferencia del proyecto que se elaboró en el Senado esta se trata de una iniciativa cuyo ámbito de acción será el fuero Civil y Comercial Federal. “Prevé una nueva procuraduría en el Ministerio Fiscal, y son los fiscales los que van a determinar cada caso”, explicó el funcionario. Asimismo, los bienes decomisados pasarán a ser administrados por el Administración de Bienes del Estado (ABE). Consultado acerca de posibles impugnaciones al proyecto, Garavano descartó la posibilidad: “Es una reglamentación que avanza sólo en el fuero civil, por eso no creemos posible una objeción. La impugnación solo podría hacerse si se cree que se avanza sobre la naturaleza penal”.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que “los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos”. “A la gente honesta se la va a respetar”, añadió.
La funcionaria adelantó además que la medida “se puede hacer retroactiva” y que “tiene 15 años de prescripción”, aunque fuentes del Gobierno aseguran que el plazo puede llegar a veinte años.