Río Gallegos
El Gobierno de Santa Cruz presentó una demanda contra el ente nacional ENOHSA para que realice el traspaso de la Planta de Ósmosis Inversa a la provincia.
De esta manera Servicios Públicos Sociedad del Estado podría finalizar la obra que se encuentra en un 85% con fondos propios.
El amparo fundamenta el pedido en el hecho de que el acceso al agua potable es un derecho humano vulnerado para de los habitantes de Caleta Olivia.
El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, dialogó con la emisora provincial sobre el amparo presentado por la provincia en contra el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
La Fiscalía solicita la habilitación de la feria judicial para que la Justicia Federal ordene la transferencia al estado provincial de la Planta de Ósmosis de Caleta Olivia.
Se busca de esta manera que Servicios Públicos Sociedad del Estado concluya la obra con recursos propios y la ponga en funcionamiento.
“Lo que se busca es garantizar el acceso de la población de Caleta Olivia y alrededores a un Derecho Humano Fundamental como es la provisión de agua potable” explicó Tanarro en LU14.
El fiscal de Estado explicó que la obra de la planta de Ósmosis inversa estaba paralizada desde fines de 2015, además estaba prevista su finalización para el año 2016, pero al momento no han existido avances.

Obra
“Hablamos de casi un 85% de avance de una obra fundamental para dar solución a un problema grave en la localidad de Caleta Olivia, entendiendo que el agua es un derecho humano fundamental y que la planta que podría ayudar a resolverlo, es un absurdo que esté paralizada, no tiene sentido” agregó.
“Fuimos instruidos por la gobernadora para presentar este amparo y que se le ordene al ENOHSA -que es el ente responsable de las obras hídricas de Nación- que transfiera la obra a la provincia de Santa Cruz, para que a través de Servicios Públicos, se concluya con recursos propios”, dijo.
Agregó que “esto es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. De esta manera se pondría en funcionamiento y se operaría la planta dotando de agua a la localidad de Caleta Olivia y Cañadón Seco. Esto es una solución que contempla las necesidades de la comunidad hasta tanto se resuelva la situación judicial que pueda tener el ENOHSA con las empresas que en su omento estuvieron a cargo de la obra” manifestó el fiscal.
Tanarro recordó que la provincia tiene como modelo la Planta de Ósmosis Inversa de Puerto Deseado que se encuentra funcionando y que fue terminada con fondos propios de la provincia.

Plazos
En cuanto a los plazos una vez que se ejecute la trasferencia a la provincia y SPSE quede a cargo de la obra, se estima que llevaría seis meses la culminación y puesta en funcionamiento.
Consultado sobre los motivos que existen para que en tres años no se avanzara sobre una obra a la que le resta menos del 15% para su finalización, Fernando Tanarro consideró que hay desidia por parte del Estado Nacional y desinterés por lo que le ocurre a los vecinos y vecinas de Santa Cruz.
“La planta se paraliza a fines de 2015, luego hay una serie de inconvenientes con la empresa que entra en concurso y hemos estado en reuniones permanentes para buscar alternativas. A instancia nuestra el año pasado, en el mes de marzo, se logró que se rescinda el contrato para avanzar con la obra de otra forma”.
“Se nos pidió que declaráramos de utilidad pública la planta para que pudieran seguir con los trámites desde ENOHSA y sacamos la ley. Fuimos presentando todo lo solicitado, incluso a través de la Municipalidad. Pero no logramos que se determine que se finalice la planta” expresó el titular de la Fiscalía de Estado.
“No hablamos de una cosa mínima, no es una cuestión menor y por eso el amparo para que la jueza federal ordene que se termine la planta que es lo importante. Insistimos durante todo el año pasado en que este tema tiene que resolverse. No estamos esperando detrás de un escritorio, estamos permanentemente buscando una solución para la comunidad de la zona norte”, manifestó Tanarro.
En el amparo presentado ante la Justicia Federal, se presentan argumentos vinculados al derecho humano de acceso al agua potable, tal como lo establecen las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Reforma Constitucional de 1994 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros que aluden a jurisprudencia de la Corte.
“La pretensión que aquí ejercemos tiene por objeto justamente garantizar el ejercicio de ese derecho a la población de la Zona Norte de la Provincia de Santa Cruz. Se trata de un Derecho Humano que debe prevalecer sobre cualquier otro derecho o interés patrimonial en juego, incluidos los intereses del ENOHSA, los de la empresa contratista a la que se le adjudicó y luego rescindió la obra, la masa concursal en el concurso preventivo de esta y los de cualquier otro individuo u organismo, nacional, municipal o provincial”, destacan desde la Fiscalía.

Tamburo
“Quitarle el agua a la gente es de carácter criminal”, declaró el año pasado el presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo.
En una entrevista sostuvo que “tenemos la decisión política de terminar la obra que Cambiemos no quiere terminar”, agregó el funcionario.
Se refería a la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia, una obra que comenzó a construirse en 2015 durante el último año del gobierno de Cristina Fernández, y que un año después se paralizó por la falta de envío de fondos nacionales.
La construcción estaba a cargo de la firma CPC, de Cristóbal López, quien además tenía a su cargo la construcción de un tramo del acueducto Caleta-Comodoro, ambas obras fueron denunciadas por la Oficina Anticorrupción por un sobre precio estimado en 100 millones de pesos.
En la denuncia está implicado el propio Lucio Tamburo, por entonces presidente de ENHOSA.
Según consta en la causa 15.384, la Sindicatura también verificó sobreprecios. Calculan que por la provisión de los cuatro módulos que conforman la planta de ósmosis inversa se habría pagado un sobreprecio de $46.757.340, mientras que por la instalación de esos módulos se habría pagado la suma de $ 6.741.499,68 de más.