Puerto Deseado
Luego de conocerse la ordenanza 6933 impulsada por el intendente Gustavo González (FPV) y aprobada por el Concejo Deliberante de esa ciudad que para “reducir la superpoblación de animales domésticos”, prevé el sacrificio eutanásico de animales en situación de calle en su artículo 64, un conjunto de activistas levantó el reclamo en todo el país para la derogación de la misma.
Entendiendo que llevando adelante un plan integral como método de control poblacional, basado en la castracion masiva, gratuita y la educación a cargo del Estado es el modo de prevención para darle fin al sufrimiento humano y animal, como ya lo lleva adelante el municipio de Almirante Brown que trabajó en conjunto con los proteccionistas del lugar.
En este sentido el rol del voluntario es denunciar las situaciones que pongan en peligro a los animales y velar por la salud de la comunidad en su conjunto: humanos y animales.
En el medio de la gran convocatoria y movilización que tuvo alcance nacional, las repercusiones tocaron el plano político rápidamente.
Fue así que Horacio Camino, voluntario de APROC en Puerto deseado, recibió el llamado del intendente Gustavo González, que le exigió al activista que dé marcha atrás con la movilización, sin tener la certeza de que fuera Camino el responsable de la convocatoria. Al día siguiente, comenzaron por orden del poder político los escraches contra activistas de la localidad, acto que repudiamos enérgicamente.

Dispositivos
Estas maniobras políticas son los dispositivos que ha puesto en acción el Municipio de Puerto Deseado para amedrentar y desactivar cualquier lucha posible que defienda los intereses de la mayoría, aunque eso implique un ataque directo a la libertad de expresión de quienes piensen distinto.
Se trató directamente de una operación mediática y política sobre la opinión pública, librando el accionar de patotas para cortar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas y organizadas hace tiempo.
Finalmente solo la movilización nacional de voluntarios y las denuncias lograron iniciar un camino al diálogo con especialistas sobre equilibrio de poblacional animal, declarando a Puerto Deseado como municipio no eutanásico, lo que significa que ésta ordenanza sigue en vigencia con alguna modificación.
Desde Tribuna Ambiental entendemos que se trata de un primer paso para continuar exigiendo la derogación inmediata de la 6933/18. Para ello reivindicamos la movilización popular como método legítimo de organización y discusión de la agenda que afecta realmente al pueblo en su conjunto.
Lamentablemente los acontecimientos han dejado como costo el despido de un trabajador activista de la causa, y exigimos la inmediata reincorporación a su puesto de trabajo, para lo cual hacemos un nuevo llamado a movilizarse por esta causa.
El Estado es responsable de no garantizar castración, educación, prevención, y de regimentar la lucha por la salud pública de la población de la ciudad.