Buenos Aires
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó por unanimidad este lunes los pedidos formulados por Cristina Kirchner con los que buscaba retrasar el inicio del primer juicio oral en su contra en una causa por corrupción.
La ex Presidenta había requerido la suspensión de esta etapa por no concluirse la instrucción preliminar (ya que aún no finalizó una pericia pedida por ella) y que el expediente quedara radicado en Santa Cruz.
Nada de esto fue concedido y el 26 de febrero al mediodía estará sentada, por primera vez, en el banquillo de los acusados.
La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner no logró el acompañamiento del TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, en el caso por irregularidades con en la obra pública, donde está acusada de ser jefa de la asociación ilícita.
Cristina había pedido analizar cinco casos testigos de obra pública sobre todas las licitaciones adjudicadas al empresario Lázaro Báez.
Esta pericia, a cargo de la Corte, no concluyó aún y por eso la ex presidenta pedía demorar el arranque de las audiencias. Pero el Tribunal consideró que el juicio está en condiciones de iniciar, y que la documentación como el resultado final de dicha pericia puede incorporarse más adelante.
El peritaje que impulsó el pedido de suspensión -que no tuvo éxito-, se realiza sobre cinco de los 52 contratos que recibió Lázaro Báez durante el gobierno kirchneristas.
Se trata de cinco casos testigos seleccionados por el TOF 2 que ordenó determinar si hubo sobreprecios, en qué se basaron las modificaciones de costo de obra, los trámites administrativos para analizar el direccionamiento de las licitaciones, entre otros aspectos.
Con la decisión del Tribunal, que ya había contado con el rechazo del fiscal de juicio Diego Luciani, Cristina Kirchner -en pleno año electoral y con la posibilidad de disputarle a Mauricio Macri la presidencia de la Nación-, comenzará su raid judicial, en un juicio que podría demorar más de un año. Se la acusa de haber favorecido a Lázaro Báez con contratos viales por $ 46.000 millones.
La imagen mostrará a la ex presidenta con parte de su gabinete, todos apuntados por formar parte de la “asociación ilícita” que según la Justicia, ella comandó. Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner (los tres presos), y Nelson Periotti, entre otros, compartirán el juicio al igual que Báez.
Pedido rechazado
El TOF 2, además, rechazó el pedido de la ex presidenta para que el Tribunal se declare incompetente frente a esta causa de corrupción y que “remita el expediente al Juzgado de Instrucción 3 de Río Gallegos”, al considerar que los hechos investigados se cometieron en otra jurisdicción: Santa Cruz.
Allí gobierna ahora su cuñada, Alicia Kirchner. Antes, durante varios años lo hizo su marido y luego fueron dejando mandatarios que le respondían a la familia. Es conocida en la provincia la influencia de los K en la Justicia local, incluso con parientes en cargos clave.
La causa
En el primer juicio oral y público en una causa por corrupción que debe enfrentar, Cristina está acusada de direccionar la obra pública vial para “convertir al amigo presidencial” -Lázaro Báez- en empresario de la construcción. El juicio tiene 16 imputados y contará con 138 testigos. Tendrá dos audiencias semanales, los martes y miércoles, y fuentes judiciales estimaron que el desarrollo demandará más de un año.
La Cámara Federal Porteña determinó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero y dádivas en las que es investigada la familia Kirchner.
Es decir: parte de esos fondos de la obra pública “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.
La Justicia determinó durante la instrucción a cargo del juez Julián Ercolini que existió una “estructura delictiva” que permitió al Grupo Austral “cobrar antes del vencimiento, más rápido que cualquier otra contratista y la totalidad de los certificados pendientes de pago”.
Asimismo, recibió “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”. Estos movimientos de dinero posibilitaron que el patrimonio de Lázaro Báez, preso por lavado de dinero desde 2016, se incrementara en un 12.127% y el de Austral Construcciones en un 45.313%, tan sólo en diez años.
Cristina Kirchner ya dijo que está dispuesta a rebatir estos argumentos y, en una defensa más global, asegura que Lázaro Báez no fue el empresario más favorecido durante el kirchnerismo con la obra pública, sino que ocupaba el lugar número 45 del listado global de contratistas del Estado.
Entre los beneficiados, la ex presidenta incluyó a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.