Buenos Aires
Para la Justicia, fue una estructura ilegal que funcionó por años: desde 2003 -cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada y creó el Ministerio de Planificación- hasta 2015, cuando Cristina Kirchner dejó el poder.
Para el juez Claudio Bonadio, los Kirchner “comandaron una organización delictiva” que tenía como finalidad, la recaudación de “fondos ilegales”.
En la causa de los cuadernos de las coimas -en el tramo que investiga la cartelización de la obra pública- se determinó que el cobro de las coimas se realizaba a través de tres áreas bien diferenciadas: energía, obra pública civil y transporte. José López volvió a declarar en el tramo que investiga la cartelización de la obra pública y dijo que “le entregaba un listado a Cristina de las empresas, ella elegía cuatro para pagar primero, las demás se quejaban siempre”.
Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Juan Carlos Relats fueron los privilegiados, según el ex funcionario K.
Era un mecanismo bien aceitado. Cada uno sabía qué tenía que hacer, pero la clave era que nadie estuviese al tanto de lo que el otro tenía asignado.
Entonces, según el relato de José López, él recaudaba en el área de obra pública civil, mientras que Roberto Baratta se ocupaba de las empresas del sector energético.
El jefe de todos ellos, era Julio De Vido a quien reportaban: “Le entregaba un listado a De Vido y a Cristina todos los meses”, contó este lunes el ex funcionario K en una nueva declaración indagatoria ante el juez Bonadio.

Cuadernos
Cuando se convirtió en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, el ex secretario de Obras Públicas dio detalles de cómo funcionaba la operatoria y ratificó sus dichos agregando más precisiones, según señalaron fuentes judiciales a Clarín.
Responsable durante doce años de la Secretaría de Obras Públicas, López confesó que lo que cobraban a las empresas contratistas del Estado eran sobornos.
Ante la presencia de su defensor oficial, Gustavo Kollmann, contó una vez más que la estructura del extinto Ministerio de Planificación estaba pensada para que “nadie sepa lo que hacía el otro” en cuanto a la recaudación de fondos ilegales.
¿Cómo se organizaba el cobro? Todo funcionaba por orden de “De Vido” y reiteró que él seguía “los lineamientos que bajaba” el ex ministro de la cartera.
El ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, había mencionado a López como uno de los integrantes del extinto Ministerio de Planificación Federal con quienes las empresas “debían acordar el pago del 10 al 20%” en concepto de coima una vez adjudicada la licitación.

Esquema
En este esquema, López contó que mes a mes “armaba un listado de las empresas que tenían obras y se la llevaba a De Vido y a Cristina (Kirchner)”: entonces era la ex Presidenta -según los dichos del ex funcionario K- quien “elegía en ese listado las empresas a las que sí o sí se debía pagar primero”.
¿Cuáles eran las empresas? Durante la indagatoria, López indicó que la ex Presidenta priorizaba a Austral Construcciones (Lázaro Báez), CPC SA (Cristóbal López), JCR (Relats) y Electroingeniería (Gerardo Ferreyra).
El dueño del Grupo Austral está procesado por ser parte de la asociación ilícita de la cual es jefa Cristina Kirchner según el juez Julián Ercolini, que permitió direccionar la obra pública vial en Santa Cruz a su favor.
Esto representó 52 contratos por $ 46.000 millones. En tanto, Relats fue el responsable de gerenciar el hotel Los Sauces propiedad de la ex Presidenta. Y Cristóbal López junto a Báez, fueron los principales inquilinos de la inmobiliaria de los Kirchner.
Eran “las amigas de la casa”, dijo el ex funcionario K refiriéndose a estas cuatro empresas que debían cobrar “sí o sí primero, era Cristina quien revisaba las planillas y daba las indicaciones”, reiteró en su indagatoria Este planteo ya había sido formulado por el financista dueño de Invernes SA -Ernesto Clarens-, quien explicó que “Cristina Kirchner controlaba a qué empresas se les pagaba y a cuáles no” y señaló que esa lista la integraban las firmas “amigas de la casa”.
Los nombres se repitieron: la prioridad era Austral Construcciones, de Lázaro Báez, pero también estaban CPC, de Cristóbal López, y Electroingeniería, JCR.
Al momento de explicar cómo se distribuían las órdenes, López dijo que él “supervisaba el cobro de los sobornos a las empresas de la construcción”.
Los valores rondaban entre el 10 al 20% del monto total del contrato de obra y en la misma línea que Wagner se refirió a un listado de once empresas que participaban del “Club de la Obra Pública”.