Buenos Aires
La Cámara de Casación realizó el sorteo para completar la conformación del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que juzgará a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.
El sorteo se realizó tras el fallecimiento del juez Jorge Tassara. Desde el Tribunal aseguran que las audiencias comenzarían el 21 de mayo, tal como estaba previsto.
Según la interpretación que hicieron en el Tribunal, Andrés Basso seguirá como suplente, mientras que Adriana Palliotti se incorporará como titular.
La fecha original de comienzo del juicio, el primero por corrupción que deberá enfrentar Cristina durante el año electoral, era el 26 de febrero.
Pero un problema de salud del juez Jorge Tassara obligó a postergar el inicio para el 21 de mayo.
Luego, el magistrado falleció y Casación debió sortear un nuevo juez. Así, Basso, que estaba como suplente, seguiría en esa condición, y Palliotti reemplazará a Tassara.
“La resolución de Casación es un poco ambigua. Pero entendemos que Palliotti entra como titular”, dijo una fuente judicial a Clarín. Más temprano, desde la defensa de Cristina, habían interpretado lo contrario. Aseguraban que Basso iría en reemplazo de Tassara y Palliotti quedaba de suplente.

Presentaciones
La defensa de Cristina venía haciendo presentaciones para postergar la fecha de arranque. Y no se descarta que ahora, por el cambio en la conformación del Tribunal, los abogados de la ex mandatario o de otros de las 16 imputados vuelvan a pedir la suspensión. Fuentes judiciales aseguran, de todos modos, que el comienzo no debería correrse del 21 de mayo.
El sorteo para el nuevo miembro se realizó este miércoles ante la presencia del abogado de la ex presidenta Carlos Beraldi y quedó designada Pallioti, que integra el TOF 5 que tiene a cargo el juicio por Los Sauces SA, donde están procesados por lavado de dinero Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
La jueza Palliotti fue una de las que firmó la excarcelación de Amado Boudou el 11 de diciembre como integrante en carácter de subrogante del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que tuvo a cargo el juicio por la compra de la ex calcográfica Ciccone. Además, la magistrada como parte del mismo Tribunal, se encuentra juzgando a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, por lavado de dinero.
Semanas atrás, el TOF2 había rechazado por unanimidad los últimos pedidos de Cristina Kirchner con los que buscaba retrasar el inicio del juicio.
La ex Presidenta había requerido la suspensión de esta etapa por no haberse concluido la instrucción suplementaria (ya que aún no finalizó una pericia pedida por ella) y que el expediente quedara radicado en Santa Cruz.
La causa de la obra pública, en la que también están procesados Lázaro Báez y varios ex funcionarios kirchneristas, investiga irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz.

Jefa
La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que supuestamente direccionó 52 contratos viales a favor de Lázaro Báez por 46.000 millones de pesos.
La acusación contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros ex funcionarios, además de Báez, es por haber constituido desde el Gobierno y organismos vinculados a la obra pública una “organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.
Entre otras irregularidades, la justicia corroboró la simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez.
En este contexto, se analizaron gran parte de las licitaciones y se determinó que “se cobró un 19% más del valor original, y después hubo más modificaciones de costos”, según consta en la causa. Estos movimientos de dinero posibilitaron que el patrimonio de Lázaro Báez, preso por lavado de dinero desde 2016, se incrementara en un 12.127% y el de Austral Construcciones en un 45.313%, tan sólo en diez años.
Entre otras irregularidades, la justicia corroboró la simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez.
La causa tiene 16 imputados y contará con 138 testigos. Tendrá dos audiencias semanales, los martes y miércoles, y fuentes judiciales estimaron que el desarrollo demandará más de un año.