Buenos Aires
Es una práctica habitual en varios países del mundo. En Rosario, una ordenanza lo establece desde 2015. Otras jurisdicciones de Argentina, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, buscan seguir sus pasos.
En tanto, sin leyes de por medio, más bares y restaurantes sirven agua gratis y se suman a la movida global del ambientalismo inclusivo y la sustentabilidad.
Pedir un vaso de agua de la canilla en un bar o un restaurante nunca fue una práctica habitual de los argentinos, ya sea por vergüenza, para evitar la dura mirada del mozo o por temor a hacer el papel de un comensal tacaño. En las capitales europeas y ciudades de Estados Unidos es algo frecuente que pongan sobre la mesa un vaso o una jarra de agua sin haberla pedido. Por estos lados, de a poco, hay una tendencia en crecimiento: varias ciudades y provincias impulsan normas para que el derecho al agua potable, libre y gratuita se naturalice en el ámbito gastronómico. Al fin y al cabo, como dice el dicho popular, un vaso de agua no se le niega a nadie.
Derecho
Son varios los motivos en los que se apoya esta movida. Uno es que, desde 2010, el agua es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas: se trata de un bien de primera necesidad, fundamental para la vida. Es nada más y nada menos que la fuente de hidratación que requiere nuestro cuerpo para funcionar. Siguen razones de salud como la promoción de hábitos de consumo saludables que favorecen la reducción de la creciente obesidad de la población. Y hasta juega fuerte el argumento ecológico: las botellas de plástico generan enormes cantidades de residuos, muchos de los cuales terminan contaminando el medio ambiente.
El mayor impulso se gestó en la ciudad de Rosario. Allí, la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) propuso, a fines de 2013, el Derecho de Jarras, una creación sociológica, jurídica y ambiental para que todos los consumidores accedan a su derecho al agua gratuita e ilimitada en los locales gastronómicos. “Los ciudadanos se tienen que adueñar de su derecho, defenderlo y exigirlo. Es quizás incómodo estar reclamando lo obvio. Pero, más molesto es que por la comodidad perdamos un derecho humano por no ejercerlo”, dijo Aníbal Faccendini, director de la Cátedra del Agua de la UNR, en diálogo con Infobae. “Estamos ante un cambio cultural, similar al que la población protagonizó con la prohibición de fumar en los espacios públicos”, destacó.
A fines de 2015, el Concejo Municipal de Rosario convirtió la propuesta en ordenanza. En 2016, el Derecho de Jarras se extendió a los boliches bailables, espectáculos públicos y deportivos y también a los food tracks, y el año pasado a los supermercados que tienen una superficie mayor a 1.200 metros cuadrados. Este año, la Cátedra del Agua insistirá en la Legislatura de la provincia de Santa Fe para que el derecho se provincialice.
Vergüenza
Faccendini es un impulsor incansable del derecho al agua potable, libre y gratuita. Tiene una vasta formación: es licenciado en Ciencias Sociales, abogado, mediador y especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable. “No nos bancamos el Derecho de Jarras porque nos da vergüenza, porque nos hacen creer que es berreta o que quedamos como miserables. Hay que reclamar, no quejarse, para que te den agua potable, libre y gratuita en los bares, restoranes, universidades, escuelas públicas, entidades públicas y privadas con atención al público. Es un derecho y lo tenemos que ejercer y no caer en la contradicción de la vergüenza”, expresó en febrero pasado ante el auditorio de TEDxFunes.
¿Cómo se implementó en Rosario? “Al principio hubo un proceso de adaptación con un primer período en el que a los locales se les dio un plazo de gracia hasta que la ordenanza entró en vigencia. Hoy el nivel de cumplimiento en bares y restaurantes llega a casi el 70%”, informó Faccendini. Y agregó: “Hay un sector minoritario que discrepa y a veces realiza picardías, como facturar la jarra de agua como si el cliente hubiera pedido agua mineral envasada. Hace poco por eso se inició un sumario contra una conocida cadena de café: la multa va desde 2.000 pesos hasta 90 días de clausura del local”.