Buenos Aires
El juez federal Sergio Torres le envió a la jueza electoral María Servini la parte del expediente iniciado a partir del Caso Cuadernos en el que se investiga el financiamiento de campañas electorales del Frente para la Victoria.
El juez Claudio Bonadio había citado a indagatoria al los diputados nacionales Máximo Kirchner , Eduardo De Pedro y Andrés Larroque, al ex secretario de Justicia Julián Álvarez, al dirigente José Ottavis y al empresario de medios kirchneristas Sergio Szpolski, entre otros.
Fueron citados porque de la investigación iniciada a partir de los anotaciones del chofer Oscar Centeno se desprendía que parte del dinero recaudado por las coimas de la obra pública fue a campañas electorales del kirchnerismo.

Cámpora
Bonadio había llamado a indagatoria a los dirigentes de La Cámpora después de la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas José López.
El ex funcionario que tiró bolsos con nueve millones de dólares en un convento confesó ante Carlos Stornelli, fiscal del Caso Cuadernos, haber recaudado dinero negro proveniente de empresarios de obras públicas.
Entre los dichos de López, más material hallado en la computadora de Martin Larraburu -quien fuera secretario del ex jefe de Gabinete Juan ManuelAbal Medina-, se determinó quiénes eran los receptores del dinero que se aprobaba a partir de la recaudación ilegal de coimas.
Antes de resolver la situación procesal de los imputados, Bonadio envió la causa a sorteo.
El caso le tocó a Torres, quien la semana pasada determinó que debe ser Servini, la jueza electoral, la que investigue si se cometió algún delito vinculado con el financiamiento ilegal de las campañas de los últimos años.

Máximo
Máximo Kirchner había sido indagado por el juez del caso cuadernos, Claudio Bonadio, por el delito de asociación ilícita y la Cámara Federal ordenó que sea este magistrado quien resuelva su situación procesal por esta acusación.
Al juez Torres le quedaron entonces los delitos vinculados al financiamiento irregular de organizaciones políticas y actos eleccionarios.
“El objeto procesal de las presentes actuaciones abarca únicamente los eventos que tendrían por finalidad el posible financiamiento espurio del partido ‘Frente para la Victoria’, sus agrupaciones satélites y las campañas electorales de los años 2011, 2013 y 2015″, remarcó Torres.
Estos delitos se encuentran bajo la órbita de las leyes de Financiamiento de Partidos Poíticos (26215) y de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral (26571)”, agregó.
Todo ello “se encuentra bajo la órbita de control de la Justicia electoral”, concluyó.
El magistrado entendió que el envío del caso recibido en su juzgado el 31 de octubre pasado al fuero federal electoral “colaborará, además, a proveer una mejor y más pronta administración de justicia”.
Torres recibió esta parte de la investigación por sorteo luego que su par Claudio Bonadio resolvió que podían tratarse de delitos electorales, algo que debía investigarse de manera independiente al caso central de los cuadernos, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.
Por ello tras indagar a Máximo Kirchner y a otros imputados en este tramo del caso como Andrés Larroque, Eduardo DE Pedro y José Ottavis se desprendió de la causa sin resolver sus situaciones procesales.
Además en esta parte del caso son investigados los ex intendentes de Vicente López, Enrique García y de San Martín, Ricardo Ivoskus y el empresario de medios Sergio Szpolski. Todos fueron indagados por Bonadio antes de desprenderse de esta parte de la pesquisa y sus situaciones procesales siguen sin resolución.
Según la investigación, parte del dinero ilegal del pago de sobornos por parte de empresarios investigado como una asociación ilícita en la causa cuadernos “se destinó para solventar actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de sus organizaciones satélites como ‘La Cámpora’”.
En particular se apunta a las elecciones de 2011, 2013 y 2015.