Río Gallegos
Alertan que Pablo Grasso, Matías Mazú y Rocío García son candidatos para obtener fueros parlamentarios ante las reiteradas irregularidades en sus gestiones que le ocasionaron denuncias penales.
La Diputada Roxana Reyes destacó que La Cámpora y Alicia Kirchner buscan proteger y darle fueros al multidenunciado Pablo Grasso y Matias Mazú y a otros miembros del Kirchnerismo : “Buscan impunidad en la Legislatura Provincial y por eso Grasso, Mazú y García son candidatos a Legisladores Provinciales”, remarcó Reyes.
La sospecha se basa en que las listas fueron armadas teniendo en cuenta el prontuario de cada uno, en vez de considerar los antecedentes políticos. En este sentido vale recordar las reiteradas denuncias que pesan sobre Rocío García por el manejo indebido de los caudales públicos, las denuncias a Mazú por los sobreprecios en YCRT y desfalco de la Municipalidad de Rio turbio, y Grasso que está siendo investigado por irregularidades en su función al frente del IDUV.

Procesados
Los rumores de la designación de Grasso surgieron luego de la última denuncia penal impulsada por la Dra. Roxana Reyes en la que la Diputada exigió que se investiguen las irregularidades y las violaciones normativas en la obra pública que lleva adelante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia.
Una vez más el Frente para la Victoria en un intento desesperado por salvar a sus funcionarios avanzó en las gestiones para llevar a Grasso, Mazú y García a la Legislatura y protegerlos de esta manera de las graves denuncias y pruebas irrefutables que los tienen entre la espada y la pared.
Reyes recordó las denuncias que al parecer tienen desvelado al titular del IDUV, entre ellas, cientos de irregularidades, privilegios, violaciones a las normas y leyes respecto a la obra pública a cargo del Instituto.
“Grasso fue denunciado por los sobreprecios en la construcción de una cancha de futbol en RÍo Gallegos y muchas obras que no se hicieron, o se hicieron a medias, en escuelas de la provincia. Además fue denunciado porque pagó 6 millones de pesos a une empresa para realizar una rotonda en el San Benito pero la obra no duró ni siquiera dos días y comenzó a destruirse. También Fue denunciado por llamar a dos licitaciones para construir una misma obra: la sede del IDUV que debía costar 23 millones de pesos y ahora supera los 60 millones”, afirmó la Diputada.