Buenos Aires
El presidente de SPSE, en Santa Cruz, fue procesado por el juez Claudio Bonadío. El funcionario provincial, junto a Cristóbal López y Fabian De Souza, y otros ocho imputados fue acusado de defraudación al Estado. Además se le dictó un embargo por $100 millones.
El juez Claudio Bonadío procesó a una serie de imputados por defraudación al Estado.
Se trata de la causa que investiga el sobreprecio en la obra del acueducto Lago Muster-Caleta Olivia y la planta de Osmosis Inversa de Caleta Olivia.
Para el magistrado, existen pruebas suficiente para procesar por defraudación a los titulares de la empresa CPC SA: Cristóbal López y Fabián De Souza.
Lo propio consideró de quién era el titular del ENHOSA al momento de la adjudicación, el hoy presidente de SPSE en Santa Cruz: Lucio Tamburo.
Además de ellos tres, el juez consideró partícipes de la maniobra a Gabriela Tamame, asesora jurídica; Sergio Benet, gerente técnico; Ricardo Williams, inspector de Obras; Gustavo Dalla Tea, apoderado de la firma CPC S.A.; Luis María Cenoz, representante técnico de la CPC S.A.; Raúl Zamora, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, accionistas; Osvaldo Manuel de Sousa (hermano de Fabián) y Cristóbal Nazareno López (hijo de Cristóbal), presidentes de la firma CPC S.A.
Defraudación
Para el magistrado, ocurrió una “defraudación perpetrada en perjuicio del ENOHSA, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, durante el período comprendido entre los años 2013 y 2017”.
La misma fue realizada en el marco de la obra “Optimización del Sistema Acueducto Regional Lago Musters – Comodoro Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia y Provincias de Chubut y Santa Cruz’”.
La denuncia fue realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Esta detectó varias irregularidades en el desarrollo de la adjudicación y redeterminación de precios que hubo alrededor de la obra la que, además, nunca se concluyó.
Bonadío da por acreditado que De Sousa y López “tenían vinculación directa con funcionarios públicos de diferentes organismos estatales”. Y por esos vínculos ” pudo establecerse la connivencia con los funcionarios del ENOHSA y así concretar la defraudación en perjuicio dicho ente”.
De acuerdo al informe de la SIGEN, el ENOHSA pagó a CPC $13.141.942 por “obras incompletas” pero que fueron certificadas como “culminadas”.
Además se pagó $21.797.311 por materiales y equipamiento, sin que hubiera certificados de acopio.
También denuncia como “acto infiel” la ampliación del proyecto para incorporar la construcción de la planta de Osmosis Inversa en Caleta Olivia. La misma no estaba contemplada en el pliego original.
Embargo
Bonadio dispuso la prisión preventiva de ambos empresarios, recientemente excarcelados en otros procesos por los que estaban detenidos.
No obstante, como la Cámara Federal les había concedido la exención de prisión en este expediente, por lo que no se concretarán las detenciones. Al tiempo que los embargó por $141 millones.
En tanto que al resto de los imputados, entre ellos Lucio Tamburo, los procesó sin prisión preventiva y los embargó por $100 millones.