Buenos Aires
El 27 de diciembre de 2016 el juez federal Julián Ercolini dictó los procesamientos de la ex presidente y vicepresidente electa Cristina Fernández de Kirchner, del ex ministro de Planificación Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas, José López, por las obras viales que otorgaron a Lázaro Báez.
En aquella decisión Ercolini, que también procesó a Nelson Periotti, quien condujo la Dirección Nacional de Vialidad durante el kirchnerismo, y a Carlos Santiago Kirchner (ex funcionario de Obras Públicas), fijó un embargo de 10 mil millones de pesos para los principales imputados en la causa.
Ese expediente llegó a juicio oral y público, y por ahora no declaró la vicepresidente electa, quien está entre los acusados de formar una asociación ilícita que defraudó a la administración pública.
Las defensas de algunos de los imputados apelaron tanto el procesamiento como el embargo. El procesamiento y el embargo fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Federal.
Esa Cámara luego rechazó por mal concedido el recurso de apelación sobre el monto de los embargos.

Resolución
Contra esta resolución, la defensa de De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, presentó un recurso de casación que fue concedido por la Cámara Federal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, había resuelto –por unanimidad– declarar inadmisible el recurso de casación.
Consideraron que esa apelación no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal y que el caso tampoco involucraba una cuestión federal.
Contra esa decisión la defensa presentó un recurso extraordinario federal que la Sala IV también declaró inadmisible con la firma de los jueces Borinsky y Hornos. Contra la decisión de la Casación, la defensa de De Vido y Minnicelli se presentó en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El martes pasado los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda declararon inadmisible el recurso presentado por el ex ministro –detenido en la cárcel de Ezeiza– y su esposa. Por lo tanto el reclamo de De Vido por el embargo no tuvo lugar.
De Vido, que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el choque del tren en la terminal de Once, en febrero de 2012, con 51 muertos y 789 heridos, también es acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y cohecho, entre otras imputaciones en una docena de causas.