Buenos Aires
La semana pasada, Luiz Inacio Lula Da Silva dejó la prisión después de permanecer allí durante 580 días, condenado por corrupción.
El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, declaró inconstitucional detener acusados con condenas en segunda instancia, sin esperar a que se agote la posibilidad de realizar apelaciones.
Ese escenario brasileño ilusiona a muchos presos K, que ya vienen reclamando su excarcelación ante el cambio de gobierno. Entre ellos, algunos cuentan con condenas, otros esperan una determinación de la Corte, están quienes aún siguen sin acusación firme. Las defensas cuestionan la llamada “doctrina Irurzun” que abrió el camino hacia las prisiones preventivas.
Las leyes y las situaciones procesales de Lula y otros presos brasileños por la operación Lava Jato poco tienen que ver con el sistema argentino, pero la coincidencia con la llegada al poder de Alberto Fernández alimenta las esperanzas de excarcelaciones.
En Brasil, el tribunal equivalente a la Corte Suprema cambió por tercera vez en menos de veinte años la jurisprudencia respecto a la detención obligatoria de condenados en segunda instancia. El ex presidente ya fue condenado en dos causas por corrupción: una de ellas ya fue confirmada tres veces, y sólo resta a última mirada del Supremo Tribunal Federal.
Con la votación de la semana pasada, Lula pudo pedir su excarcelación, al igual que otros 4.800 presos en todo Brasil.
Detenciones
En Argentina no hay una orden taxativa de la Corte respecto a las detenciones durante el proceso, ni aún después de una condena tras un juicio oral.
El sistema es mucho más complejo y las causas por corrupción duran décadas: primero un juez de instrucción las investiga y procesa a los acusados bajo la supervisión de la Cámara Federal, luego eleva el caso a juicio, después un Tribunal Oral Federal organiza las audiencias, su sentencia puede ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Federal, y eventualmente ante la misma Corte Suprema.
Hasta que no esté esta última firma, la condena no está firme, y los acusados pueden seguir en libertad, excepto que los jueces de instrucción o los Tribunales Orales digan que la detención es necesaria por dos razones: peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Estos dos argumentos fueron esgrimidos por varios jueces para detener a procesados en causas que venían detenidas o avanzaban muy lentamente antes de la llegada de Mauricio Macri a la casa rosada.
Desde entonces, algunos de ellos ya fueron juzgados y tienen condenas que están bajo apelación, muchos otros fueron excarcelados -especialmente luego del aplastante triunfo de Alberto Fernández en las PASO- y otros esperan ser liberados por alguna u otra razón.
“No puede haber un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista, con peronistas presos”, sentenció el ex ministro Julio De Vido durante un reportaje radial horas antes de la excarcelación de Lula. Lo dijo desde la cárcel, donde se encuentra desde noviembre de 2017.
Juez
Para detenerlo, el presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun se basó en uno de los dos motivos que contempla la ley para detener a una personas en proceso de investigación: el entorpecimiento de la causa.
El juez se refirió a los “vínculos residuales” de ex funcionarios, que “por sus relaciones, contactos o lazos generados mientras estuvieron en la gestión pública” podrían entorpecer una investigación judicial, incluso años después de abandonar el cargo, a través de esos contactos.
Otro de los detenidos que en declaraciones radiales dijo que no ve la hora de estar libre es Lázaro Báez, que en los próximos meses recién escuchará la primera sentencia en su contra. “Nunca robé, trabajé toda la vida, la única condena que tengo es social”, se quejó.
El empresario -al que la justicia le detectó un patrimonio sólo en propiedades de U$S 205 millones- está acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Según la justicia, el dinero provenía de los fondos que el Estado le otorgaba por obras viales.
Báez es uno de los presos K que más tiempo lleva con prisión preventiva. En reiteradas oportunidades, el juez Sebastián Casanello detectó operaciones direccionadas por él desde prisión, con el fin de entorpecer la causa de “la ruta del dinero K”.
En abril de 2020 (cuando cumpla 4 años detenido) recibirá la sentencia.
El contratista sumó otra prisión preventiva en la cartelización de la obra pública, caso conexo a los cuadernos de las coimas.
Además, tiene dos causas elevadas por lavado a juicio, junto a Cristina Kirchner. Insiste en que lo persiguen por haber sido “amigo de Néstor”.
La justicia investiga en realidad, si su cuantioso patrimonio es resultado de haber oficiado como testaferro del matrimonio Kirchner.
A las voces de los presos K que con la asunción de Fernández como presidente, se ilusionan con dejar el penitenciario, se sumó la Roberto Baratta. Acusado con su jefe De Vido en el caso de la mina de carbón de Río Turbio y en una otro sobre negociados de la constructora Odebrecht, quedó detenido en agosto de 2018 por orden del juez Claudio Bonadio, cuando inició la causa de los cuadernos. Su ex chofer Oscar Centeno lo mencionó como responsable de cobrar coimas a empresarios contratistas del Estado. Quedó procesado con prisión preventiva en el expediente central y en cinco derivaciones más, casi todas ya elevadas a juicio oral.
Situación diferente es la del ex secretario de Obras Públicas José López, que se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Sabe que su situación es difícil de revertir, y lejos de ilusionarse con salir de prisión con el cambio de gobierno, pidió ante el programa de Testigos e Imputados Protegidos más seguridad y un traslado del lugar en el que se encuentra detenido.
López tiene una condena por enriquecimiento ilícito, la causa que explotó con las imágenes suyas escondiendo bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Además, enfrenta el juicio por la corrupción en la obra pública, y aguarda el inicio del juicio del caso cuadernos.