Río Gallegos
El partido Obrero vinculó la “ola de suicidios” a la situación política, social y económica de la provincia y acusó al gobierno de Alicia Kirchner de “hace oídos sordos” y “negarse a implementar la Ley 3.594, aprobada en 2018, que es una adhesión a la Ley Nacional 27.130 de prevención del suicidio”.
En un duro comunicado, la izquierda provincial analizó la problemática que en los últimos tiempos se ve agudizada y fundamento el contenido del mismo en “la creciente ola de suicidios en Río Gallegos”.
Como factores determinantes de este fenómeno social señaló al “el ajuste a la educación, falta de industrialización y generación de empleos, el abandono de espacios para el desarrollo artístico”, entre otras carencias que enfrentan las comunidades santacruceñas.
Líder en suicidios
“Una cuestión que cobró enorme relevancia en estos últimos dos meses fue la dramática escalada en suicidios en la provincia y en la capital. Sin embargo, no se trata de nada nuevo: Santa Cruz es una de las provincias líderes en el ranking de suicidios de Argentina”, enfatiza el documento del PO.
“La incertidumbre es la principal característica en la vida de las familias obreras y en especial de su juventud. No llegar a fin de mes, la desocupación, las prácticamente nulas posibilidades de estudio y desarrollo artístico, intelectual y personal, llevan a la juventud obrera a una falta de perspectivas que termina de esta trágica manera. El suicidio es, ante todo, un hecho social”, describieron.
En su análisis, marcaron una serie de cuestiones que hoy afectan a la población.
“Muchas veces, esa falta de perspectivas termina empujando a los jóvenes a adicciones que terminan arrebatándoles la vida. Otras tantas, esta situación de descomposición social sirve como abono para el bullying o la violencia contra las minorías, disidencias y hacia la mujer, cuyas víctimas optan no pocas veces por acabar con su vida para escapar de su sufrimiento”.
Oídos sordos
“En Santa Cruz, a pesar de este cuadro desesperante, el gobierno hace oídos sordos y se niega a implementar la Ley 3.594, aprobada en 2018, que es una adhesión a la Ley Nacional 27.130 de prevención del suicidio. Hay escasez de instituciones, personal y profesionales para atender la problemática del suicidio y la salud mental, que tiene décadas en la provincia. Esto claro supondría un mayor presupuesto y el gobierno de Alicia K está empeñado hace años en que “cierren los números” sobre la base del ajuste a la salud, la educación y el salario de los y las trabajadoras”, remarcaron desde el PO.
Acerca de la cuestión política afirmaron : Es indudable la responsabilidad del Estado en acrecentar esta situación, que se encuentra dirigido por los K hace casi 30 años.
El índice de suicidios que crece año a año es una muestra irrefutable del avance de la decadencia de la sociedad capitalista. Esto último, la relación entre la tasa de suicidios, los trastornos de depresión y ansiedad y las crisis económicas, está ampliamente estudiada y documentada”, expresaron haciendo referencia principalmente a los casos que ocurren en Río Gallegos.
La salida: calidad de vida
“Para salir de este panorama devastador es necesario todo un programa que parta de terminar con la desocupación, el trabajo precario y los salarios de miseria para la juventud y les trabajadores. Es necesaria la apertura de espacios de esparcimiento y desarrollo artístico, la inclusión dentro de la carrera docente de capacitación para abordar estas problemáticas y una campaña de concientización a cargo de profesionales aptos. Además, se requiere abordar reclamos históricos de la juventud y las disidencias sexuales como el cupo laboral trans y la educación sexual integral. Este programa integral sólo verá la luz mediante la organización y lucha consciente de la juventud y la clase obrera”, puntualizaron finalmente desde el Partido Obrero.
