Buenos Aires
Se reanudó el miércoles 5 de febrero, el denominado juicio de la «ruta del dinero K», en el que se acusa de lavado de dinero al reconocido empresario santacruceño propietario de Austral Construcciones, Lázaro Báez, sus hijos y colaboradores.
Los acusados son puntualmente Báez – detenido con prisión preventiva en el Penal de Ezeiza desde mayo de 2016 – sus cuatro hijos, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Leonardo Fariña, entre otros. En este marco, desde la Agencia Federal de Ingresos Públicos se anticipó que pedirá penas para todos los imputados.
En las próximas audiencias deberían acusar la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
El tribunal planificó las próximas tres semanas para las querellas, por lo que cada alegato no debería extenderse más de una audiencia. Sin embargo, la dinámica de las exposiciones podría demorar aún más el desarrollo del juicio.
Luego de la querellas será el turno del fiscal Abel Córdoba y luego habrá espacio para las últimas palabras de los acusados. De esa manera, no habrá sentencia antes de abril.

Evasión
Ayer con el alegato de la AFIP y la presencia de la mayoría de los imputados. Los abogados del organismo recaudador destacaron que el Grupo Austral Construcciones «se valió de todas las modalidades posibles de evasión para perjudicar al Estado nacional». «Solo en 2010 ha dejado de ingresar al fisco unos 70 millones de pesos», agregaron.
«La designación de Báez no fue azarosa, no fue fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que la designación de Lázaro Báez tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera el entonces presidente, Nestor Kirchner», acusó la AFIP, en la audiencia de reanudación del juicio oral.
Los letrados también dijeron que se lograron probar a lo largo del juicio los roles gerenciales dentro de Austral de algunos acusados. «Ha quedado probado quiénes manejaban la suerte de Austral y cuál era el rol de Báez, de Julio Mendoza, de Martín y Leandro Baez. También tenia un rol importante Pérez Gadín», afirmaron los abogados de la AFIP.
La AFIP puso la lupa sobre la relación de Báez con Néstor Kirchner y en la incursión de Báez en el mundo de la construcción. Esa parte de la acusación estuvo basada, entre otras cosas, en la declaración indagatoria de Leandro Báez durante este juicio. «Leandro Báez manifestó que había compartido algunos asados, que hubo un asado con Néstor y Cristina en la estancia Cruz Aike y que se hicieron muchos asados en la chacra de Báez donde estaban Néstor, Máximo y que también estaba [Osvaldo] Sanfelice, a quien sindicó como la persona de confianza de Kirchner», fundamentó el abogado.

Maniobras
En el juicio se juzgan una serie de maniobras de lavado de dinero por unos 60 millones de dólares. Los abogados del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont adelantaron que tendrán en cuenta como delitos precedentes el fraude fiscal y la obra pública porque, según dijeron, hubo sobreprecios, redeterminaciones excesivas y falta de capacidad técnica.
Aunque es un detalle técnico, ese dato generó sorpresa entre los abogados y podría tener impacto en el juicio donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al propio Báez.
Los abogados de la AFIP destacaron los aportes del arrepentido Leonardo Fariña y dijeron que su testimonio permitió corroborar la relación entre Báez y la familia Kirchner.
«El señor Báez dijo en este juicio que hubo desprecio al estado de derecho y habló de valores nacionales y Perez Gadín se comparó con una persona violada. No, señores jueces, las que fueron violadas fueron las arcas del Estado», destacó uno de los abogados de la AFIP.

Detalles de la acusación
En la previa había expectativa por el rumbo que adoptaría la AFIP en su primera intervención luego del cambio de gobierno.
Es importante menciona que para la querella, igual que para el fiscal ante el tribunal Abel Córdoba, el dinero que Báez puso en circulación proviene de los contratos de obra pública que se le otorgaron durante el período 2003 – 2015. Estos contratos son investigados en la causa conocida como Vialidad, donde a Báez se lo investiga junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las presuntas irregularidades en la adjudicación de esos contratos.