Buenos Aires
El tribunal oral federal (TOF) 4 comenzó este miércoles a realizar las consultas formales para determinar si están dadas las condiciones tecnológicas y sanitarias para reanudar el juicio por lavado de dinero en el que está acusado el detenido empresario Lázaro Báez junto con otras 24 personas, en el contexto de la pandemia de coronavirus.
El presidente del tribunal, Néstor Costabel, libró un oficio al Consejo de la Magistratura para que indique si es posible generar conexiones tecnológicas con todas las partes, y otro a la Cámara Federal de Casacion Penal para consultar si hay alguna sala en condiciones sanitarias para su eventual uso.
El magistrado también notificó a las partes para que se expresen sobre la posibilidad de retomar el juicio en condiciones excepcionales, por lo que una vez que sean recibidas las repuestas, el tribunal decidirá cómo continuar, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Alegatos
El juicio se encuentra en instancia de alegatos: la Unidad de Información Financiera pidió 9 años de prisión para Báez, ya alegó la AFIP y lo estaba haciendo la Oficina Anticorrupción cuando se interrumpieron las audiencias.
Luego será el alegato de la fiscalía a cargo de Abel Córdoba, después hablarán los defensores, se dará lugar a las últimas palabras y se dictará el veredicto; es decir, el juicio se encuentra en sus instancias finales, pero aún restan muchas audiencias.
Báez es juzgado junto a sus cuatro hijos Martín -también detenido-, Leandro, Melina y Luciana, el arrepentido Leonardo Fariña, el contador Daniel Pérez Gadin, el abogado Jorge Chueco y el financista Federico Elaskar, entre otros, por maniobras de lavado de dinero.
El debate oral está encabezado por el TOF 4 que preside el juez Néstor Costabel y está integrado también por las magistradas Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti.
Los Báez y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares, dinero supuestamente obtenido de manera ilícita con obra pública adjudicada durante el kirchnerismo, de acuerdo con los denunciantes.