Caleta Olivia
Ramón Santos es la principal puerta de ingreso a la provincia, y Caleta Olivia es la primera ciudad a la que se accede y que permite la conectividad con el resto de las localidades; allí reside la importancia de las acciones que se lleven a cabo en materia de seguridad sanitaria en esta época de pandemia.
Por eso es preocupante que la gestión en materia de prevención, detección y tratamiento de Covid-19 no se esté desarrollando de manera adecuada, e incluso la información que se difunde a nivel oficial no sea verificable con los resultados e incluso, que no se esté dando a la población un exacto panorama de la situación. No se trata de general alarma, sino de responsabilidad ante un tema de la gravedad de una pandemia de la cual aún se desconoce el impacto real y final, ya no solamente a nivel sanitario, sino además social y económico.

En los últimos días, pese a los anuncios oficiales sobre el número de casos, crece el malestar en los principales centros sanitarios públicos y privados por la improvisación con la que se están desarrollando las acciones para atender y “cuidar” a la población.
Un bajísimo número de testeos, descontrol en el seguimiento de posibles casos, e incluso funcionarios de alto nivel incumpliendo protocolos, están generando preocupación.
Desde la municipalidad local y desde los organismos provinciales se insiste en que la responsabilidad es de la población, pero lo cierto es que la displicencia con la que se estaría manejando la situación podrían derivar en que se dispare el número de casos en la zona norte.
Aunque nadie lo dice abiertamente, en el caso del Hospital Zonal los insumos y reactivos para los testeos, sería escasos. Además, la infraestructura sanitaria para atender casos de Covid-19 sería insuficiente. Mientras tanto, trascendió que en algunos CIC se estarían haciendo testeos con insumos provistos por la provincia y destinados a la población, a personal de empresas principalmente mineras.
Se sabe también que en Caleta Olivia, las autoridades provinciales desconocían en número de CIC que estaban trabajando y que el personal de esas dependencias cubría turnos administrativos sin que se hubiera dispuesto de un esquema de emergencia. Fue en este contexto que el mes pasado se suspendieron dos “testeos sorpresivos” para determinar cuál era la situación real. Esto ocurrió al momento en que se “dispararon” los casos en Río Gallegos. Ahora la situación en Caleta Olivia y aparentemente en las localidades cercanas no podría ser cuantificable.
Vale mencionar que en Río Galleos, el 2 de septiembre pasado, desde el máximo organismo judicial provincial se avaló un pedido delos directivos del Hospital Regional de esa ciudad, para que se dejaran de atender casos de “urgencias” y se destinaran todos los recursos a la atención de la pandemia. “Resultan atendibles los motivos invocados”, expresa la nota oficial del Excelentísimo Tribunal de Justicia en respuesta al pedido enviado por el director médico del HRRG, Mauricio Fernández. Puntualmente se refiera al crecimiento de casos de Covid-19 en la capital provincial y ante tal “situación epidemiológica” se informó a “todos” los Juzgados de la provincia que “arbitren los medios necesarios pertinentes, tendientes a no recargar con requerimientos de carácter de urgente que ocupen los recursos hospitalarios del mencionado nosocomio, mientras continúe la presente situación sanitaria”, sentencia el máximo órgano judicial provincial. Esta medida deja en claro la gravedad de la situación.
A una semana de esta evidente prueba de la emergencia que vive Santa Cruz, en Caleta Olivia – que como ya mencionamos es el principal acceso de entrada de la provincia – las autoridades del poder político e incluso responsables de la salud pública se mueven con displicencia.
No solamente no se informa a la población sobre la realidad de la pandemia, sino que además se toman medidas arbitrarias con relación a la circulación de personas sobre todo con los traslados Caleta- Comodoro; las medidas preventivas (aislamientos y cuarentenas), acciones que habrían generado en las últimas horas el apartamiento y reemplazo de quien estuviera a cargo del tema a nivel local.
Al uso de insumos de la salud pública para derivarlo al servicio de empresas, la contratación arbitraria de laboratorios privados en lugares en donde hay estructura pública; la insuficiencia de testeos a la población de riesgo, el descontrol en los protocolos (que incluyen permitir a altos funcionarios trasladarse de lugares de riesgo sin las medidas preventivas previas y posteriores) hasta casos positivos que no se informan para “evitar” generar alarma, es el verdadero caldo de cultivo para una situación que tiende a agravarse.
Aunque seguramente la descripción de este panorama será desmentida, lo cierto es que hoy los datos y cifras oficiales que se pueden exhibir son de escasa credibilidad. Y la medida dispuesta el Tribunal Superior de Justicia de la provincia lo confirma: la situación es tan grave que la salud pública no podría dedicarse a otra cosa que a atender casos de Covid-19. Mientras tanto en la segunda ciudad de la provincia en cuanto a habitantes e importancia de conectividad – que determina la posibilidad de contagios- las autoridades políticas y sanitarias prefieran esconder la situación a enfrentar la realidad.