Caleta Olivia
Una semana antes que explotara el número de casos en Caleta Olivia y el resto de la provincia lo habíamos anticipado. La idea no era alarmar, sino prevenir ante la evidencia que las autoridades, no solo no estaban informando de manera completa a la población, sino que además se tomaban con displicencia los protocolos y las medidas sanitarias.

Lamentablemente, lo que era previsible ocurrió, pero nuevamente las autoridades en vez de tomar cartas en el asunto (sanitario y de seguridad) volvieron a informar parcialmente e incluso pusieron todo el peso de la responsabilidad para que se «ameseten» o «disminuyan los casos de COVID 19, en la gente.
Como está claro para todos, Ramón Santos en el límite con Chubut, y la ciudad de Caleta Olivia son el principal ingreso a Santa Cruz, y por esta razón el «escudo» de la provincia debería fortalecerse allí: con recursos, acciones concretas y sobre todo con información veraz y eficiente, no para que la población se alarme y entre en pánico, sino para que sepa cómo enfrentar el problema.
En cambio las autoridades optaron por volver a señalar a la gente como responsable, y esto queda claro con el anuncio de las «multas» económicas para quienes transgredan los protocolos; no obstante los mismo funcionarios que deberían respetarlos son en muchos casos los que los ignoran.
En tan solo una semana, Santa Cruz pasó de 1170 casos positivos (informe del 11 de septiembre) a 1478 casos activos, según el informe del Ministerio de Salud dado a conocer este viernes, aunque este último registro pertenece a datos del jueves 17.
En tanto, en Caleta Olivia hace una semana registraba 7 casos positivos. Hoy viernes, el Gobierno provincial informó 34 casos activos.

Medidas
De inmediato, se anunciaron medidas, que se suponía que iban a ser equivalente al tenor del problema. Sin embargo, apenas si se redujeron las posibilidades de movimiento de la gente se restringieron algunas actividades y se anunciaron duras sanciones económicas.
Pero paralelamente actividades y movimientos de personas con alto riesgo des transmisores del virus se siguen manteniendo en la ciudad.
Al menos en un hotel, es incesante el ingreso y egreso de personas vinculadas a la actividad minera. Estos movimientos de gente se hacen con escasos o nulos controles.

A diferencia del sector petrolero, que no solo estableció protocolos sanitarios y laborales que hasta son controlados y verificados por el sindicato, sino que además se desarrollan fuera de las áreas de posible contagio; a la actividad minera se la ha «premiado» casi con salvoconductos, para que se desplacen como si la situación fuese normal.
En cuanto a los recursos disponibles, quien sabe si alguna vez sabremos los montos que se destinaron para elementos sanitarios, reactivos para testeo e insumos médicos. Sabemos si que el gobierno nacional anuncia que envía grandes partidas a Santa Cruz, pero a la vista de los resultados, todo ese dinero no estaría alcanzando para resolver o responder a la emergencia.
Tal vez por eso apelan a las multas económicas; para financiar las acciones sanitarias. No lo sabemos y tal vez nunca sabremos donde fue a parar ese dinero.

Las multas y las medidas anunciadas
En la semana, el Ejecutivo municipal dispuso una serie de multas a personas físicas y jurídicas que incumplan las normas básicas y protocolos de prevención respecto al COVID-19 en la ciudad. Las sanciones económicas irán desde los $2.000 hasta los $500.000.
Anunciaron que habrá multas de entre 2 mil y 10 mil pesos a quienes incumplan las medidas de protección personal como el uso de tapabocas para ingresar o permanecer en locales comerciales, dependencias de atención al público, y actividades recreativas y deportivas en los circuitos habilitados.
Además, serán pasibles de sanciones económicas de entre 10 mil y 70 mil pesos los establecimientos que desarrollen actividades económicas, deportivas, artísticas, culturales, religiosas y sociales que infrinjan las medidas de protección establecidas en los protocolos aprobados para cada caso. Serán sancionados con multas y, llegando el caso, incluso la clausura preventiva.
Para quienes incumplan las medidas prevención respecto en relación a reuniones familiares, sociales o de cualquier otro tipo, habrá multas de entre 10 mil y 70 mil pesos.
Quien incumpla la cuarentena, el aislamiento sanitario estricto o cualquier otra indicación epidemiológica, será sancionada con multas de entre 20 mil y 200 mil pesos.
Sanciones más duras serán ejercidas contra todo aquella persona física o jurídica que infrinja las disposiciones, protocolos y normas para el ingreso, tránsito y permanencia a la ciudad.
Para este caso, las sanciones económicas irán desde los 50 mil hasta los 500 mil pesos.
Además, se podrá llegar a la clausura preventiva y la suspensión de ingreso a la ciudad.