Río Gallegos
El decretazo de Grasso, ratificado de apuro por el Concejo Deliberante es una provocación que apunta a quebrar la organización gremial de los trabajadores municipales.

La decisión de «igualar para abajo» las condiciones de miseria en que los trabajadores afrontamos la presente crisis, anulando las conquistas que con lucha arrancaron los municipales en años anteriores, es igual como dos gotas de agua a la que aplicó Alicia Kirchner desde 2016 contra los docentes.
No se trata a nuestro criterio de un simple «capricho» de un Intendente autoritario (que Grasso lo es) sino de la línea maestra que recorre a todo el poder político de la provincia en la aplicación de un ajuste contra los trabajadores, lo que incluye debilitar y someter a los pocos sindicatos que en algún momento ofrecen batalla.
En este aspecto el comunicado de la CGT constituye la mayor de las hipocresías, ya que esa organización está completamente sometida al poder político que encabeza Alicia Kirchner, que aplica las mismas políticas de ajuste y persecución que ahora intenta Grasso.
¿O acaso el bono discriminatorio de Grasso no es una copia del bono discriminatorio de Alicia en el Hospital Regional? Se trata de los métodos históricos del Néstor Kirchner de los 90, con sus «premios» y adicionales en negro y la precarización masiva del empleo.
El conflicto municipal es una oportunidad para poner nuevamente en la agenda el aumento salarial para todos. Claro que eso exige romper con el gobierno y organizar un plan de lucha.
Desde la CTA Santa Cruz «defendemos la organización gremial de los municipales contra la prepotencia de Grasso y ofrecemos nuestra disposición a participar de toda acción concreta de lucha que se adopte para conseguir un aumento salarial acorde a la inflación», indicaron a través de un comunicado de prensa.