Río Gallegos
“Los concejales del intendente Pablo Grasso han aprobado para Río Gallegos un régimen de multas para infractores de la cuarentena y las medidas preventivas frente a la pandemia. Las multas van de los 2 mil hasta los 200 mil pesos. En el papel de la ordenanza se expresa que su función es “…mitigar la propagación de la situación epidemiológica, y su impacto sanitario…”. Una impostura demagógica”, indicaron a través de un comunicado de prensa desde el Partido Obrero.

Desde el PO expresaron además que “Grasso ordena perseguir con el código penal a la población de la ciudad capital cargándole las culpas de la trasmisión comunitaria, alineándose en toda regla con el discurso presidencial y de la gobernadora Kirchner”.
“La gestión de Grasso viene de aprobar por decreto una paritaria ruinosa para los municipales: 14,5%, frente a una inflación que se estima interanual en más del 40%. Una paritaria de ajuste”.
“Esta política ajustadora se nutre también de la recaudación que aporta la dirección de Tránsito, que según informa, realiza 50 secuestros de vehículos por semana, con su correspondiente multa. Llamativamente estos secuestros son por licencias vencidas, que no pudieron realizarse por la cuarentena, o porque la población rehúye concurrir a espacios públicos por temor al contagio. Lejos de ofrecer una solución acorde al contexto de pandemia, la dirección de Tránsito ofrece 50 turnos diarios para la renovación de licencias, obligando a los usuarios a esperar en colas desde las 6 de la mañana, promoviendo la aglomeración y aumentando las posibilidades de contagio”, manifiestan.
“Sumado al nuevo régimen de multas en cuarentena, el intendente descarga, no solo sobre el trabajador municipal sino sobre toda la población, la crisis que han causado los sucesivos gobiernos, desde el peronismo hasta el radicalismo”.

El estado es responsable
Agregan que “la pretensión que el régimen de multas sirva para la prevención del CoViD 19 no resiste el menor análisis. La trasmisión comunitaria no se debió a “irresponsables” o “los vivos” que no respetan la cuarentena. La falta total de controles sobre los repatriados, el resonado caso de los trabajadores tercerizados de Movistar, obligados a trabajar sin respetar la cuarentena, la falta de hisopados, propiciaron el brote que conmueve a la ciudad y la provincia hace casi 4 meses”.
“Incluso, autorizando la apertura de comercios no esenciales, presionado por la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Un aliado recurrente del municipio, que siempre aportó funcionarios para la dirección de Comercio”.
“La aplicación de este régimen de multas será otro lastre para el trabajador galleguense. Trabajo precario, sueldos que no llegan a la canasta familiar (que en Santa Cruz se estima por encima de los 70 mil pesos), alquileres exorbitantes, la falta de un plan de viviendas, no le permiten llevar una vida digna ni prevenirse frente a la pandemia a ningún trabajador”.
Expresan además que “los recursos para una verdadera cuarentena y un subsidio a los desocupados producto del parate económico, debe salir de un impuesto extraordinario a las grandes rentas, como nuestra bancada del FIT Unidad, ha presentado en un Proyecto de Ley en abril en el Congreso”.
Finalmente manifiestan que “en Santa Cruz, este impuesto debe ir dirigido a los casinos, las petroleras, las mineras, las pesqueras y las grandes cadenas de supermercados, que hacen extraordinarias ganancias a costa del esfuerzo de los trabajadores y el saqueo de los recursos naturales de la provincia”.