Comodoro
Los defensores de los seis marinos procesados en la causa abierta por el hundimiento del submarino en 2017 se centraron, con críticas a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, en las «óptimas condiciones de navegabilidad» del buque y pidieron «una pericia» que permita determinar «de manera objetiva» que pasó con el buque.

Hasta el momento, solo se escuchó el testimonio de marinos y no de la querella. La Cámara debe revisar el procesamiento de los marinos, acusados de «estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio».
En una audiencia realizada este jueves en el Centro Cultural de Comodoro, los defensores de los seis marinos procesados en la causa abierta por el hundimiento del ARA San Juan en 2017 se centraron, con críticas a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, en las «óptimas condiciones de navegabilidad» del submarino y pidieron «una pericia» que permita determinar «de manera objetiva» que pasó con el buque. Hasta el momento, solo se escuchó el testimonio de marinos y no de la querella.
La audiencia comenzó a las 10 AM y sobre las 13 pasó a un cuarto intermedio. Para la tarde se espera la exposición de la querella, que pedirá que se revoque la calificación de estrago culposo y que se reemplace por homicidio con dolo eventual.
Los informes técnicos presentados ante los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones local apuntaron, entre las hipótesis del naufragio del submarino, a un posible error de la propia tripulación durante una «verificación incorrecta o rotura» de la válvula de ventilación E19 -provocando el ingreso de agua y el incendio de las baterías- o «algo súbito que le impidió a los tripulantes reaccionar para no irse a pique».
«La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución», detalló.

Partes
Solo tres abogados y cinco de los seis oficiales de la Armada procesados viajaron hasta Comodoro, mientras que el resto de las partes siguen la audiencia de manera virtual, debido a los protocolos por la pandemia.
La Cámara debe revisar el procesamiento del excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, exjefe del departamento Logística de la fuerza submarina. Están acusados de «estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio».
Para la magistrada, los imputados sabían que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y desoyeron el planteo del comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del snorkel y la válvula E19, que habría sido determinante en el hundimiento e implosión del submarino.
Presidide la audiencia Javier Leal de Ibarra, mientras que el cuerpo colegiado está integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.
«Nos dicen que los abandonamos (a los 44 tripulantes fallecidos), que los mandamos a navegar en malas condiciones. Todos nosotros teníamos conocidos, camaradas en la dotación del ARA San Juan. Compartí con muchos destino y años de navegación. Fuimos nosotros los que le avisamos a las familias y los que pedimos ayuda a la Armada americana. Me genera mucha bronca e indignación. Se está menospreciando la capacidad e idoneidad profesional de todos los tripulantes. Ellos eran los encargados de mantener y operar el buque. Nadie es un suicida en esta actividad», expresó Villamide en su exposición.
Su abogado, Juan Pablo Vigliero, apuntó hacia la jueza Yañez por «construir pruebas que se basan en falsedades o falta de información», dijo, y remarcó que «la nave se fue a pique y la tripulación no pudo dominarla. El antecedente fue el problema en la batería reportada por el capitán. Nadie puede evitar lo que no conoce ni podía conocer. Lo que sucedió estaba fuera del conocimiento y control (de Villamide). Por eso pedimos un peritaje. Los jueces deberían revocar la resolución (de procesamiento) y sobreseerlo».
Basó sus argumentos en «informes técnicos que fueron obviados por la magistrada» y recordó que Villamide «fue el último en hablar con el comandante del ARA San Juan».
Aseguró que «una tragedia como ésta no se soluciona con una injusticia. Según la jueza, el submarino naufragó por las pésimas condiciones de navegabilidad y Villamide debería haber impedido que salga al mar. Habla de anomalías, problema en sistemas operativos o falta de pieza».

Alertas
La jueza «desarrolla al materialidad del hecho. Dice que el submarino presentaba alertas que supuestamente comprometían su seguridad» como problemas en «el sector de señales, embarque de torpedos, periscopio, en el sistema de propulsión, línea de eje, pruebas pendientes de presurización», entre otras.
Además, según dijo el abogado defensor, Yañez «subvierte y degrada la actuación de los 44 servidores hoy muertos, que son los que hacían las pruebas previas para la salida, además de mas de 25 áreas de la Armada. ¿Qué pretendíamos? ¿Que Villamide o López Mazzeo hubieran chequeado cada pieza con una llave inglesa? Rige el principio de confianza, que es confiar en cada uno de los eslabones que debían garantizar la salida al mar».
Subrayó que «la resolución de la jueza es arbitraria. Ha hecha afirmaciones sin sustento. Tenemos tres informes técnicos, informes de submarinistas y los informes del propio fabricante. No me es cómodo decir que un magistrado resolvió algo que contiene falsedades. Hay párrafos que afirman cosas que no son ciertas y lo vamos a demostrar».
«Es falso afirmar que el submarino no estaba operativo -recalcó-. Después de la reparación de media vida en 2015, se hace entrega a la Armada. Es el jefe del Estado Mayor de ese momento el que lo pone en operaciones y se encargan de habilitarlo los sucesivos comandantes del submarino». (Fuente: ADNSur)