Cañadón Seco
Vecinos de Cañadón Seco repudiaron los hostigamientos telefónicos y amenazas que recibió la responsable del COE de esa localidad, Estela Llampa, por parte de individuos relacionados con dos familias procedentes de La Rioja, a las cuales los organismos de control apostados en el la Comisaría Ramón Santos no les permitieron el miércoles ingresar a Santa Cruz por no ser residentes ni poder justificar los motivos de intentar llegar hacia la localidad de Cañadón Seco.

Además, existirían firmes sospechas que su verdadera intención era la de sumarse a la usurpación de viviendas del Programa Social Habitacional que ejecuta la comuna con fondos propios.
Ello teniendo en cuenta que uno de los integrantes de esas familias está relacionado con Betina Britos, una las mujeres que hace pocas semanas ocupó ilegalmente una de las cuatro unidades que estaban en su etapa final de construcción y aún no se encuentran adjudicadas.
Por lo que pudieron averiguar, se trata de José Melitón Ocampo quien hace mucho tiempo había fijado domicilio en el barrio Gas del Estado de Cañadón Seco y se alejó de la zona.
Lo llamativo de este individuo es que a fines de octubre de 2018 un juzgado penal de Comodoro Rivadavia, a cargo de Mariel Suárez, le cursó una cédula de citación al estar imputado en un homicidio culposo ocurrido en la ciudad chubutense.
La audiencia había sido fijada para el 1° de marzo de 2019 y para ello se libró un oficio a la Policía de Santa Cruz, a fin de que le hiciera entrega de la cédula de notificación, recayendo ese trámite en la Comisaría de Cañadón Seco.
La comisión de esa dependencia se hizo presente el 24 de enero en la casa N° 8 del citado barrio, pero en ese domicilio solo se hallaba su hijo.
El mismo hizo saber a los uniformados que hacía alrededor de un año que su padre (José Melitón Ocampo) ya no vivía en ese lugar y se había mudado al barrio Las Malvinas de la capital riojana y que solo de manera esporádica mantenía alguna comunicación telefónica.
Si bien aportó un número de teléfono celular, las autoridades policiales nunca tuvieron respuesta a los llamados que hicieron al mismo, por lo cual se reportó esa novedad a la juez que intervenía en la investigación del citado hecho delictivo.
Frente al panorama de posibles nuevos usurpadores y robo de patrimonio comunal, la comuna ha dispuesto solicitar a la policía local redoblar la vigilancia para evitar que se reiteren similares hechos delictivos.