Omar Latini denunció a directivos de SPSE por «violación de los deberes de funcionario público»

SPSE convenio

El dirigente del Partido Obrero en Caleta Olivia presentó el 31 de diciembre esta denuncia sobre Juan Naves responsable de la delegación de la ciudad costera y Nelson Gleadel presidente de la entidad a nivel provincial.
En su denuncia Latini destaca la declarada «emergencia hídrica» en que Caleta Olivia se encuentra desde 2014 «…producto de una intensa movilización ciudadana de los vecinos de la ciudad de Caleta Olivia, que por casi una década vienen luchando por tener garantizado el vital elemento. Tanto es así, que a pesar de distintos petitorios, marchas, movilizaciones y acciones judiciales, solo después de que los vecinos pasaran en febrero más de 20 días sin agua y en Asamblea Permanente sobre Ruta 3 en el acceso norte de nuestra ciudad, el Concejo Deliberante local y el Gobierno Provincial decretaron la Emergencia Hídrica para nuestra ciudad…».
El argumento principal de Llatini se monta sobre la demora del pago de la deuda existente con la Sociedad Cooperativa Popular de Comodoro Rivadavia, que es quien administra el servicio de captación y transporte del agua potable desde el Lago Musters en la ciudad de Sarmiento (Chubut) hasta Caleta Olivia, a través del Acueducto Jorge Carstens. Deuda que bajo la firma de un acta acuerdo este 29 de diciembre ambas entidades se comprometieron a garantizar la provisión de agua para Caleta Olivia, y que dada la premura de la situación, aun no se efectiviza.
Para Latini esta situación «…muestra un desmanejo del erario público, dado que todos los vecinos pagamos mensualmente el agua a través de la Factura de Energía Eléctrica de SPSE, y una demora inexplicable en el pago a la entidad proveedora cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de nuestros vecinos, dado que en plena pandemia de Covid 19 es inadmisible que no se provea de agua a la población; por ello requiero que se investigue esta conducta dilatoria de los funcionarios públicos dado que podría configurar el delito de malversación de caudales públicos», tal como expresa en su denuncia.

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