Caleta Olivia

La pequeña aprendió a leer por su cuenta a los 3 años, rindió libre a los 5 años el primer grado y ahora, el Consejo Provincial de Educación no la deja cursar su segundo grado «rechazando su vacante».
La niña fue diagnosticada con altas capacidades intelectuales y se le había recomendado el salto de grado.
«En sala de 3 los malestares fueron esporádicos. La sala de 4 fue el colapso total. Decía que no quería ir porque los nenes no querían jugar con ella, no se sentía parte. Me decía: ‘Me aburro. No me mandés más por favor’. Y lloraba desconsoladamente. Horas enteras llorando. Decía que se sentía mal y al poco tiempo levantaba fiebre», contó la madre a Infobae.

Foto ilustrativa.-

Durante ese año, pasó por distintas enfermedades: fiebre, sinusitis, otitis, faringitis. La niña somatizaba. Desde el domingo arrancaba con los síntomas y los sostenía hasta el lunes a la mañana. Cuando la mamá le decía que no se preocupara, que no iba a ir al jardín, automáticamente le bajaba la temperatura, se le desinflamaba la nariz o le calmaba el dolor en los oídos.
La pequeña junto a sus padres residen en Caleta Olivia, buscando un especialista, dieron con una psicopedagoga que les confirmó que las capacidades de la niña eran «superiores a la media». Con una segunda consulta a una psicóloga, confirmaron un «diagnóstico compatible a la superdotación». Les recomendaron que por edad intelectual y emocional, la niña, hoy de 6 años, debía saltear primer grado y hacer directamente segundo.
En septiembre le entregaron el psicodiagnóstico a la escuela, la misma institución privada donde había hecho el jardín. Al principio hubo reparos. Les dijeron que ellos no veían nada fuera de lo normal en su hija, que solo era tímida.
Cuando intervino el gabinete pedagógico de la escuela, llegaron a un entendimiento y al final respaldaron la idea de la aceleración. Faltaba un paso: la vacante debía ser autorizada por la Dirección de Gestión Privada que depende del Ministerio de Educación de Santa Cruz.

Certificado de estudios primarios con el primer grado aprobado. (Infobae)

Si bien no era necesario, en noviembre le propusieron a su hija rendir libre primer grado. Sabían que la Ciudad de Buenos Aires brindaba esa opción y que, por la pandemia, el examen sería en forma virtual. «Ya con el psicodiagnóstico alcanzaba, pero decidimos hacerlo para tener un segundo papel». Le tomaron prácticas de lenguaje y matemática en un zoom, con la cámara prendida y supervisión de los profesores. Lo superó sin problemas.
El primero de marzo, día de inicio del ciclo lectivo en la provincia, llegó la respuesta oficial. La Dirección de Gestión Privada, a través de su máximo representante, les denegó la vacante en segundo grado. Les informó por escrito que el ministerio santacruceño no reconocía el certificado de CABA, cuya validez es nacional, y que su hija debía volver a hacer primer grado.
La resolución no solo desestima un certificado válido en todo el país, sino que desconoce lo que contempla la misma ley provincial de Santa Cruz, que cita textualmente la Ley de Educación Nacional, cuyo artículo 93 estipula: «Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as alumnos/ as con capacidades o talentos especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización».
Política

Todos los papeles están en regla: un psicodiagnóstico de una especialista que recomienda el salto de grado, el respaldo de la escuela que apoya la estrategia y, por si fuera necesario, un certificado de validez nacional que dice que su hija aprobó primer grado como alumna libre. La única razón para la negativa, infiere Carina Correa, mamá de la niña, es que se trate de una disputa política-partidaria, que el ministerio de Santa Cruz desconoce el certificado porque la evaluación se tomó en CABA, y que su hija quedó en medio de ese dislate.
«Es una situación tan ilegal esta negativa que la única explicación solo puede entenderse porque hay un conflicto de intereses político-partidarios, porque de otra manera no nos explicamos cómo pueden desconocer una certificación oficial nacional expedida por el Estado, el mismo Estado que ellos dicen defender. Nuestra hija termina quedando atrapada en medio de una discordia política y siendo la protagonista de la vulneración más grande», indicó a Infobae.
Ahora la familia se quedó sin instancias administrativas para apelar el dictamen. La única alternativa que conservan es iniciar un juicio, con el engorro y la angustia que eso significa. La niña ha quedado en el medio y sus padres se sienten estafados porque rindió un examen que, le dijeron, le permitiría pasar a segundo grado y estar con chicos de inquietudes más afines, y no fue así.
Por ahora, Correa mencionó que seguirá con un modelo híbrido que combinará un poco de homeschooling y un poco de lo que le ofrezca la escuela, esperando que el Estado por fin le autorice la vacante que le corresponde.
«Estamos peleando con gente que no quiere escuchar, a esta gente no le interesa respetar los derechos de los niños, se lo guardan en el bolsillo», expresa Correa y agrega que el fundamento escrito del organismo provincial, indica que no pueden dar lugar al pedido por cuestiones legales, que podrían perjudicar a la niña.