El caso de la denuncia a Eugenio Quiroga, por el contexto y por todos los elementos vinculados, es definitivamente siniestro.

El morbo, la política y sobre todo la gravedad que encerrarían los hechos, hacen que claramente este caso marque un antes y un después en los ámbitos de «poder» provincial.
Desde la difusión de un escueto comunicado oficial en donde se confirmaba que el vicegobernador pediría una licencia en su cargo por una denuncia – de la cual la opinión pública se enteraba en ese momento – hasta todas las versiones iniciadas a través de redes sociales, el caso pareciera ser una verdadera «bola de nieve» que irá creciendo y seguramente será una avalancha tanto de información como de sus consecuencias.

La situación es inédita en la política de Santa Cruz, porque no hay antecedentes de funcionarios que den un paso al costado por una denuncia y que se aclare que esa decisión, es para que avance la Justicia.
El caso más reciente es el de los vacunados de «privilegio» que no solamente se «negó» oficialmente pese a todas las pruebas y evidencias; sino que además se «protegió» a los involucrados.
Esto es precisamente lo que llama la atención de este caso: nadie sale a solidarizarse, o a apoyar a Eugenio Quiroga en un momento tan difícil como enfrentar una acusación – hasta ahora desconocida y sin certezas de su alcance – por parte de allegados, o el gobierno provincial.
Claramente estamos ante una situación de extrema gravedad.

El comunicado oficial
«Quiroga pidió licencia administrativa» se titulaba el parte oficial que se difundió a través de los organismos de prensa oficial y los medios oficialistas.
El texto confirmaba: Hoy – por el sábado 17 de abril – el vicegobernador Eugenio Quiroga solicitó una licencia a su cargo ante una denuncia efectuada contra su persona en pos de garantizar la transparencia y objetividad de los procesos de la correspondiente investigación.
Luego se informaba que «durante este plazo, asumirá las funciones la Vicepresidenta 1° Karina Nieto».
A partir de allí, todo fueron especulaciones. El caso rápidamente fue transmitido en redes sociales y medios digitales locales que claramente desconocen los alcances de reglas mínimas del periodismo profesional. Chequear la información al menos en tres fuentes.
Lo que importo a partir de ahí fue el «daño, o la protección» que podía sentir el involucrado más visible ( Eugenio Quiroga) olvidándose que se estaba mencionando a un menor. Eso también es muy siniestro.

Versiones y perversión
Desde «fiestas negras» en San Julián con miembros del sindicato minero, hasta versiones de abuso sexual «intra familiar», hasta ayer se mencionaba todo. Y todos se olvidaron de la supuesta víctima: un menor trans género.
En este contexto es donde podemos aludir a las únicas declaraciones de Quiroga realizadas en las redes sociales.
«Ante la denuncia realizada contra mi persona, he decidido pedir la licencia administrativa por un plazo de 45 días, de manera tal que se garantice el trabajo de la justicia y la transparencia, sin que mi cargo sea un obstáculo para ello», decía el vicegobernador en las redes.
Minutos después había posteado: «En este momento tan difícil, quiero pedir respeto para mi familia y decirles que confío plenamente en que la situación se va a aclarar y a solucionar para poder estar en el menor tiempo posible trabajando para ustedes, como lo vengo haciendo desde el primer día», finalizó.
La situación dista mucho de ser una denuncia por corrupción, o algún hecho de acción pública. Estamos hablando de un hecho de acción privada, aparentemente ocurrido en un ámbito familiar. El ciudadano sin responsabilidades públicas definidas como el periodismo puede expresar todo lo que el límite de su condición le permita; un medio periodístico profesional debe esperar a tener certezas y sobre todo proteger a la víctima para no re victimizarla.
Nosotros esperamos y trabajamos para que el hecho se esclarezca, y no fomentar el morbo ni los intereses que hace de este caso, un caso siniestro.