El diputado de Encuentro Ciudadano Gabriel Oliva habló del acuerdo de extensión de contrato petrolero entre el Gobierno y la operadora CGC; dijo que el mismo compromete áreas de explotación hasta 2035 y desatiende un aspecto fundamental, el ambiente y las energías limpias. Las declaraciones las hizo desde Neuquén donde se encuentra participando del Parlamento Patagónico.
En el Proyecto de Prórroga de Áreas Petroleras para la empresa CGC, según Oliva, hubo apuro, «un inexplicable secreto y debería reescribirse. El Consejo Provincial Hidrocarburífero no participó y tampoco se enteraron los intendentes.

Ni siquiera los diputados más oficialistas tuvieron acceso al borrador del nuevo Convenio, y nos encontramos con un acuerdo que cocinó a puertas cerradas el Instituto de Energía, ahora remitido a la Legislatura para aprobar o rechazar».
Hace años, prosiguió el Legislador, que esta área que pertenecía a la petrolera Sinopec no tiene ni un solo pozo nuevo, «la perspectiva de reactivación parece algo llovido del cielo. Pero todo tiene un sabor a déjà vu, un trato como el de Sinopec de hace 10 años, pero empobrecido».
Al hacer un paralelismo sobre el acuerdo de 2010 y el actual, Gabriel Oliva señaló, «en aquel entonces prometían invertir 1.9 mil millones de dólares, ahora son 1 mil, antes eran 700 pozos a perforar, ahora son 260. Un municipio antes recibía 30 millones de dólares, ahora 300 mil. La provincia, por canon de prórroga, antes recibió 100 millones, ahora 18».
En la anterior prórroga Sinopec invirtió al principio y luego apenas succionó petróleo. «Ningún pozo nuevo, nada de exploración, y ante el reclamo ganó tiempo con una mediación en Francia. Se salió con la suya porque logró venderle las acciones a CGC. En lugar de rescindir el contrato por los flagrantes incumplimientos de Sinopec, el gobierno provincial decide prorrogarlo hasta el 2035».
Un proceso transparente como el estipulado por la Ley Marco de Concesiones Petroleras hubiera permitido corregir aspectos importantes. «Ahora nos encontramos sin embargo con 130 páginas preparadas a puertas cerradas. Hay aspectos claves que no quedan claros: ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo luego de los primeros años de inversión? Y a pesar de que se establecen algunas instancias intermedias, podemos caer en una nueva mediación internacional», y añadió: «Pero yo quisiera concentrarme en una dimensión distinta: la medioambiental. El contrato estipula unos 130 millones de dólares para corregir los denominados pasivos ambientales. Pero unos 84 millones son para clausurar pozos inactivos. Cementar un pozo es importante para evitar contaminación futura, pero no genera trabajo. De una manera similar, se listan antiguas piletas a remediar». Pero la revegetación, siguió Oliva, «que genera mucho trabajo entre viveros de cultivo y plantaciones está casi ausente: la empresa se compromete a revegetar en 10 años… 350 hectáreas Es menos de la superficie que van a decapitar con la perforación de pozos y caminos anualmente».