El legislador de Encuentro Ciudadano Gabriel Oliva votó en contra de la norma que amplía la concesión de áreas petroleras a la empresa CGC hasta el 2035. Cuestionó que el Ejecutivo “negoció a puertas cerradas”, con “números a la baja” para la provincia y sin atender la cuestión ambiental.
“El oficialismo va a convalidar de apuro una concesión petrolera que se cocinó a puertas cerradas y que es desfavorable para Santa Cruz”, anticipó días atrás el diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel ‘Faty’ Oliva, quien este lunes finalmente votó en contra de la Ley de Acuerdo de Prórroga de Concesiones que el gobierno de Alicia Kirchner negoció con la empresa CGC.
La norma sancionada con los votos de los diputados del Frente de Todos, extiende hasta el año 2035 el contrato por la explotación de las áreas petroleras que CGC le compró a Sinopec. Al momento de tomar la palabra en el recinto, el legislador de Encuentro Ciudadano describió una maniobra que solo beneficia a las empresas.
Negocio
“No nos confundamos, la concesión no se le está prorrogando a CGC sino a Sinopec, una empresa que ha faltado al marco regulatorio de la Ley de concesiones petroleras; la ley dice que cuando no se hacen las inversiones, las áreas se revierten inmediatamente a la provincia”, apuntó Oliva para luego sentenciar: “Entonces, lo que ha conseguido Sinopec es un gran negocio, vendió sus áreas sin hacerse responsable de nada y CGC está comprando un activo que no vale nada si no tiene lo propio, entonces con esta prórroga que vencía recién en 5 años lo que estamos facilitando es un enorme negocio entre petroleras”.
Como contrapartida a este “gran negocio para las empresas”, el legislador señaló en el recinto que los números del nuevo contrato escrito en la ley son perjudiciales para la provincia.
En la comparación entre el contrato original y la prórroga, señaló que “donde eran 2 mil millones de dólares de inversión ahora son mil; donde eran 700 pozos de explotación ahora son 200”. En esta misma línea, Oliva detalló días atrás que “un municipio antes recibía 30 millones de dólares, ahora 300 mil. La provincia, por canon de prórroga, antes recibió 100 millones, ahora 18. La revegetación y remediación es ahora 350 hectáreas en 10 años”.
Un ejemplo contundente que expuso en la sesión es que la localidad de Koluel Kayke, situada en cercanías de la zona de explotación petrolera, recibirá como beneficio el equivalente “a media cuadra de asfalto”. Este elemento fue incluso señalado por otros legisladores que también votaron en contra de la norma.
Degradación
Oliva también fue muy crítico del “secretismo” que giró en torno a esta renegociación convertida en ley. Expresó ante sus pares que “todo esto fue negociado a puertas cerradas por un funcionario que no fue votado (Matías Kalmus, del Instituto de Energía), la Comisión de Energía de esta Cámara no recibió ni siquiera un borrador, el Consejo Hidrocarburífero no se involucró para nada, tampoco los intendentes ni los trabajadores”.
“No puede ser que los diputados acepten este rol de certificadores de firmas”, expresó ante la mirada de sus pares y remató: “Ninguna línea de este acuerdo fue discutida o escrita por algún diputado. Entonces, votar el acuerdo en las condiciones en que esta degrada nuestra condición de diputados y degrada la democracia porque las cosas importantes no se están discutiendo en este recinto”.
Alerta por la cuestión ambiental
“Tenemos que discutir políticas de Estado, señor Presidente, y esto debería ser una obligación pensando en una prórroga hasta 2035. ¿Cómo vamos a estar en 2035? El mundo está en una transición energética”, replicó Oliva en otro tramo de su argumentación.
Así recordó que el presidente Alberto Fernández acaba de firmar compromisos ambientales con metas a cumplir en 2030. “Ya tenemos que estar pensando en las energías renovables: este contrato debería estar pensando en las energías renovables que son las que van a reemplazar a estas energías de los hidrocarburos. Las grandes empresas petroleras están invirtiendo ya, YPF lo está haciendo, tiene inversiones en energía eólica en la zona norte de la provincia”, detalló.
“Acá no hay nada de eso, como dijo otro diputado, hay un auto eléctrico (como compromiso de CGC), y el 0,2 por ciento de la inversión, o sea 3 millones de dólares, que alcanzan para dos o tres molinos eólicos, es lo único a lo que se compromete a invertir la empresa”, observó en relación a los compromisos ambientales que “no están en este contrato”.
Freno
Para finalizar su alocución, el legislador de Encuentro Ciudadano buscó interpelar a sus pares del bloque oficialista: “Un gobierno que no tiene en cuenta que existe la democracia, existe la oposición y existen las voces justificadas de todos los actores que intentan intervenir en esto. Estamos a tiempo de frenar este contrato, que vuelva a las comisiones, que se revise y que se discuta ampliamente. Santa Cruz no puede renunciar a tener una política de Estado y no puede delegar en Matías Kalmus su futuro y el de miles de personas y trabajadores en zona norte”.
Al momento de la votación y tras un extenso intercambio de posiciones, los 16 diputados del Frente de Todos aprobaron la ley, que tuvo 8 votos en contra: los 4 diputados del bloque Nueva Santa Cruz (Encuentro Ciudadano y UCR) y los 4 diputados que pertenecen al partido SER.
