El presidente de la Cámara de Diputados tuvo que declarar este lunes en el juicio oral por la obra pública que involucra a Cristina Kirchner y ya suma más de 100 testigos.
Durante el juicio oral por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de la obra pública durante el período del 2003 al 2015, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró «no haber recibido ninguna orden» por parte de Cristina Kirchner.
En su relato, iniciado a las 9.36 hs. de este lunes, desde su despacho en el Congreso de la Nación fue indagado por el actual abogado de la vicepresidenta de la Argentina, Carlos Beraldi, quien le preguntó a Massa cómo se distribuye el dinero de la obra pública en un territorio en particular. En este sentido respondió: «Hay momentos donde hay que ver qué se prioriza si hay una dificultad en la generación de empleo, porque es generadora rápida de trabajo».

En la apertura de las declaraciones de Sergio Massa, éste tuvo que responder a una pregunta efectuada por Carlos Beraldi: «No, no sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso», esta fue su respuesta ante la consulta del letrado por si había recibido órdenes de la expresidenta para que se desarrollen obras viales en alguna determinada zona.
Con esta respuesta, Massa le quitó presión a Cristina Kirchner sobre las acusaciones que pesan en su contra acerca de que se dieron 51 licitaciones viales a favor de Lázaro Báez, por un monto total de $46 millones.
A posteriori, el abogado defensor de Lázaro Báez fue quien cuestionó a Massa, consultándole si en algún momento algún miembro del Poder Ejecutivo le pidió a él que no se controlen los fondos destinados a la provincia de Santa Cruz, respondió: «No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito porque es realizar modificaciones en el plan de metas».
A continuación, el propio letrado de Báez profundizó en su pregunta, consultándole a Massa si en algún momento tuvo alguna indicación de tener que ampliar el presupuesto que reasignara fondos en pos de beneficiar a la provincia santacruceña o a alguna empresa de Lázaro Báez, a lo que el presidente de la Cámara de Diputados respondió: «Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado».

Cabe destacar que en esta etapa del juicio por las licitaciones de la obra pública en la provincia de Santa Cruz y que lo vincula al exsocio comercial de los Kirchner, Lázaro Báez, ya dio lugar a la declaración de más de 100 testigos, desde mayo de 2019.
La expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, sostiene su inocencia argumentando que los presupuestos de la obra pública fueron «actos administrativos» y por lo tanto «fueron lícitos», despegándose así de la firma de las modificaciones de los fondos destinados.
Cristina Kirchner había pedido la declaración de los diferentes jefes de Gabinete del período 2004 al 2015, para que se refirieran a la causa por las licitaciones de la obra pública.
A su vez, justifica su inocencia a partir de que los presupuestos se llevaron a cabo bajo una ley que aprueba el Congreso y las ampliaciones de los mismos pasaron por los diferentes jefes de Gabinete.
Es por ello que Cristina Kirchner había solicitado en su momento la declaración de los diferentes jefes de Gabinete del período que abarca desde el 2004 al 2015, por ser los responsables de firmar las diferentes partidas presupuestarias de la obra pública.