La abogada Gladys Olavarría presentó un recurso para que se anule el sumario realizado por la jueza Flavia Trincheri, a quien había recusado por falta de imparcialidad. Entre los argumentos de la defensa, se asegura que el video tomado por el guardia penitenciario, sobre el acercamiento entre la jueza Mariel Suárez y el condenado por homicidio Cristian Bustos, es una prueba ilegal, porque vulnera la privacidad del preso. También se cuestiona la dificultad para ofrecer prueba y asegura que el sumario estuvo basado en «prejuicios de rancia tradición».
«La principal afectación que se denuncia es que se han desoído todos y cada uno de los planteos, no sólo los de tipo recusatorios, sino también aquellos relacionados con el derecho a ofrecer prueba -sostiene la presentación-, ya que si bien hemos excedido el número de testigos ofrecidos, en ese sentido el cercenamiento fue tal que sólo se nos permitió ofrecer un solo testigo y no el máximo número permitido por el ordenamiento administrativo».

«Tanto la sumariante como el Superior Tribunal de Justicia me han negado la producción de prueba», sostiene el escrito presentado por la defensora, Gladys Olavarría, ex jueza penal de Comodoro Rivadavia.
Y añade que el sumario «está basado en prueba ilícita y prejuicios sociales de rancia tradición que no se ajustan al moderno concepto de ‘decoro’ y que nuestra sociedad arrastra, bajo la necesidad vana de inmolar a alguien para justificar sus propios sesgos. Sin duda que este proceder afectó severamente los derechos y garantías constitucionales que amparan a la magistrada sumariada».
En principio, el recurso de la defensa sostiene que el sumario se hizo en plazos inhábiles, ya que se sustanció durante el mes de enero, cuando el sistema judicial estaba en feria. Además de esa cuestión formal, el planteo se vincula a que en algunas de las pruebas realizadas, como la inspección ocular al lugar de la penitenciaría donde Suárez se entrevistó con el preso Bustos, no pudo contar con la presencia de la abogada defensora, porque tenía prevista una intervención quirúrgica en ese plazo donde se reduce la actividad judicial.

Garantías

También alude a la recusación que planteó sobre la instructora, a la que acusa de no dar las garantías del debido proceso. «Resulta llamativa la celeridad con la que cerró la investigación del caso, lo que claramente demostró la falta de imparcialidad. (…) Parece claro que la instructora ya tenía confeccionada la resolución de formulación de cargo previa a la realización de la inspección ocular, y al momento de que nos notificara que pasó a resolver, sin aún poner a disposición de esta parte la inspección ocular».

Otro de los puntos que ataca la defensora es la prueba obtenida por el guardia penitenciario Vidal, quien grabó con su celular las imágenes de video que mostraban el acercamiento entre la jueza Suárez y el preso Bustos, en la que se advierte el posible beso entre ambos.
La ilegalidad de la prueba es planteada porque según la defensora, vulneró las garantías constitucionales de privacidad que asisten al preso, por lo que pide la nulidad de todos los elementos aportados en el sumario a partir de esas imágenes, incluido el testimonio del mismo guardia.
«Las ‘conductas no habituales’ -dice el recurso, en relación a los dichos de Vidal para justificar su decisión de grabar las imágenes- no constituyen delito en modo alguno y menos una infracción disciplinaria».
«Al decir de la instructora, no se le puede permitir a una juez sentarse en el piso con un detenido, es reprochable tal conducta, no puede ser permitida, porque ella no soporta tal actitud, pero no apela a ninguna norma jurídica ni ética que realmente sostenga esto que ella reprocha. Se basa en argumentos abstractos y prejuicios morales».
En base a estos y otros argumentos, entre los que también rechaza que la jueza haya violado sus deberes de imparcialidad al buscar realizar una entrevista con fines académicos al preso al que acababa de condenar, Olavarría pide la nulidad de lo actuado por la instructora sumariante y hace reserva del caso federal.
En otras palabras, el caso podría derivar en un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.