En un allanamiento vinculado al narcotráfico ejecutado a mediados de la semana pasada por la Policía Federal Argentina y por expresas directivas de la Justicia Federal, fueron detenidos en la ciudad de La Rioja dos individuos, a los cuales se les incautó una considerable cantidad de cocaína, gran cantidad de dinero y un automóvil.
Uno de ellos fue identificado como José Melitón Ocampo, quien se había desempeñado como policía de la Provincia de Santa Cruz y uno de sus últimos destinos, antes de ser cesanteado por esta institución al estar involucrado en otro hecho delictivo, fue la Comisaría de Cañadón Seco.
Recopilando archivos periodísticos, se recuerda que a fines de octubre de 2018 un juzgado penal de Comodoro Rivadavia, le había cursado una cédula de citación dado que le imputaba un homicidio culposo ocurrido en la ciudad chubutense.

La audiencia había sido fijada para el 1° de marzo de 2019 y para ello se libró un oficio a la Policía de Santa Cruz, a fin de que le hiciera entrega de la cédula de notificación, recayendo ese trámite en la Comisaría de Cañadón Seco, pero Ocampo yo no trabajaba en esa dependencia y se desconocía su paradero.

Tenía otras intenciones

Tras su detención en la capital de la provincia norteña, el nombre de este sujeto fue recordado inmediatamente por integrantes de la actual gestión de la Comisión de Fomento de la localidad santacruceña.
Ello en razón que a mediados de noviembre de 2020, cuando existían estrictos controles por la pandemia del COVID, el COE de Cañadón Seco no le permitió ingresar a Santa Cruz por el límite interprovincial Ramón Santos, en circunstancia que llegaba con dos grupos familiares en autos particulares sin ningún tipo de autorización ni domicilios acreditados para tal fin.
Ocampo argumentó que era integrante de la fuerza de seguridad provincial y que junto a sus acompañantes se dirigía a Cañadón Seco donde todos tenían domicilio pero no podían acreditarlo.
Cuando el personal de los organismos de control apostado en ese puesto policial hizo las consultas telefónicas de rigor al Comité Operativo de Emergencias (COE) de esa localidad, sus responsables se negaron terminantemente a autorizar el paso ya que esas familias no acreditaban allí residencia.
En tanto, de manera particular, se sabía que Ocampo ya había pasado a disponibilidad en la fuerza de seguridad, por lo cual su pretensión de ingresar a esta provincia tampoco fue avalada por la Unidad Regional Zona Norte.
En su intento de proseguir camino, suministró la dirección de una casa de Cañadón, pero cuando la policía acudió a verificarla, se encontró que allí estaba uno de sus hijos y éste aseguró que su padre se había mudado hacía más de un año al barrio Malvinas de La Rioja y solo mantenía esporádicos contactos telefónicos.
Además, el COE de Cañadón Seco tenía la firme sospecha que esos grupos familiares venían desde La Rioja a provocar una masiva ocupación de viviendas sociales que ya estaban en su etapa de finalización, de las cuales dos de ellas ya habían sido tomadas.
Justamente Ocampo es familiar de una de las mujeres usurpadoras identificada como Betina Britos, que incluso actualmente se niega a abandonarla argumentando ser indigente, pero que resulta ser pareja de un trabajador petrolero de apellido Ovejero quien tiene importantes ingresos salariales.
Luego de aquella negativa de ingreso a Santa Cruz, la responsable del COE, fue destinataria de insultos y amenazas telefónicas, hecho que motivó que numerosos vecinos repudiaran tanto ese hecho como el recurso de amparo que presentaran mujeres de una agrupación política de izquierda a favor del grupo foráneo sospechoso y la actitud de un reducido sector político opositor a la gestión de turno que participó activamente en el delito de usurpación de las 2 viviendas comunales encabezado por el cónyuge de una ex candidata a la presidencia comunal.