La violencia de género y contra la mujer es un tema que afortunadamente ha tomado relevancia al punto que se institucionalizaron diversos estamentos para prevenir estos hechos, o actuar en consecuencia en caso de ocurridos.
De este modo, es el Estado quien en teoría deber promover acciones de concientización e incluso trabajar puertas adentro con gestiones pro activas.
Pero el reciente caso de Adriana Vilches y su denuncia contra funcionarios de la Municipalidad de Caleta Olivia sacó a la luz un hecho que comprueba que cuando la violencia (en este caso de genero) la ejerce el Estado, se llega a límites donde la víctima queda expuesta e indefensa.
En esta paradoja, donde quien debería impulsar políticas en defensa de las mujeres es quien ejerce esa violencia, fue la propia Adriana quien decidió alzar la voz y pese a la inferioridad de condiciones y recursos, salió a dar la batalla, por sus derechos, su integridad y sobre todo para enviar un mensaje: “hay que perder el miedo”.

David contra Goliat
Enfrentarse a una estructura que literalmente maneja “todo” el Poder en la ciudad, no es fácil. Y cuando esa estructura esta personificada en un funcionario que representa aI Intendente – es decir a la máxima autoridad local – y es quien tiene las facultades de tomar decisiones, el riesgo de enfrentarlo no es menor.
Tal vez Adriana no lo sabía, pero aquel día que ocurrieron los hechos en el Centro Integral de la Mujer de Caleta Olivia, se abriría una puerta para situaciones que la pondrían en riesgo, que afectarían su salud; y que pondrían a prueba, tanto a ella como al sistema que debe velar por los derechos y la integridad de las mujeres.
Este proceso aún está en marcha y tiene final abierto, pero por el momento, la exposición pública del caso está ayudando a despertar conciencias.
Este enfrentamiento desigual comenzó el viernes 10 de junio cuando fue increpada violentamente por Juan Carlos Gómez -Secretario del Intendente Fernando Cotillo – y ante la mirada de otros funcionarios que presenciaban el hecho, que actuaron como cómplices o se sumaron a las hostilidades.
Puntualmente, acusaron a Adriana con tono amenazante de difundir la versión respecto a que el Kirchnerismo pretendía desmantelar el edificio del Centro Integral de la Mujer para ponerlo bajo la órbita de La Campora; agrupación política que trabaja como mano ejecutora de las ordenes de la familia Kirchner.
Al acusarla con violencia verbal y hasta gestual – acciones que fueron documentadas con fotos, videos y audios – los funcionarios pretendían justificar los cambios que efectivamente tenían planeados para el CIM; y que tienen claramente una intencionalidad política: apropiarse de esa histórica entidad local.
En medio del violento incidente, Adriana sufrió un verdadero shock. “Le subió la presión arterial y comenzó con taquicardia, los médicos que la atendieron le expresaron que podría haber sufrido un ACV, por tanto stress a la que fue sometida le paralizó la mitad de la cara, fue internada en terapia intensiva de manera inmediata, ya que también es una paciente oncológica y ahora se encuentra con estrictos cuidados médicos y mucho temor a las represalias”, relato el Concejal Cristian Bazán, quien recientemente la recibió en su despacho y que expresó su intención de apoyarla.

Actúa la Justicia
Ahora el caso está en manos de la Justicia. Tras una denuncia en la Comisaría de la Mujer – cuya actuación deja muchas dudas – finalmente se emitió una orden de restricción contra dos funcionarios: Juan Carlos Gómez y la Secretaria de Cultura, Deporte y Juventud, Sandra Díaz, quien también fue denunciada por participar en los actos violentos contra Adriana.
Vale mencionar que luego del incidente Adriana sufrió acciones de amedrentamientos, y llamadas – todos hechos documentados – en los que se la buscó presionar para que bajara la denuncia.
Mientras tanto, esto ocurría, la única víctima de este caso fue internada, estuvo en terapia intensiva y aún tiene secuelas físicas de aquel hecho. Esto evidencia la contundencia con la que fue violentada.
En este contexto, también hizo mención a la inacción de la secretaria de la Mujer, Diversidad y Género Cristhel Yacante; el artículo N° 18 de la Ley N° 26.485 «Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales», que hace mención a las denuncias establece que las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular la denuncia, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.
Obviamente esto no ocurrió. Nuevamente queda demostrado lo paradójico del caso: una mujer que no defiende a otra y que incluso teniendo la responsabilidad y obligación de actuar, mira para otro lado. Esto es complicidad.
Este miércoles, Adriana será recibida por el Fiscal Martín Sedán y las actuaciones continuarán.
“Jamás se me va a borrar de la mente lo que pasó y verle la cara y como me gritaba», enfatiza Adriana mientras anticipa que no dejará el caso en la nada.
En cuanto al temor que aún siente, explicó: “Me dijeron que este señor es muy agresivo, por eso dejé establecido que si algo llegara a pasar en mi casa o algún familiar, él es el culpable. Tengo miedo”, afirmó.

El relato de la víctima en primera persona

«Siento miedo del señor Juan Carlos Gómez, por eso dejé establecido que si me pasa algo él es el responsable», dijo Adriana en distintos medios.
Luego de realizar la denuncia el Secretario de Coordinación General del Municipio Juan Carlos Gómez; se determinó una restricción de acercamiento y de contacto de cualquier tipo.
«Me sentí violentada, avasallada, amedrentada, fue tremendo que me señale con el dedo», explicó Adriana.
“Llegué a la reunión y ya había empezado, me siento y el señor (por Gómez) estaba hablando y dice que nosotros no queríamos pasar a la Secretaría de la Mujer porque esa señora era de La Cámpora, ahí me desayuné y me di por enterada de eso, porque no lo sabíamos ni yo ni mis compañeras», y aseveró: «cuando dijo eso una compañera dice que nadie había hablado de partido político y empezó a decir que una de nosotras lo había dicho y empezó a señalar. Cuando gira hacia mi y me vio y me preguntó, porque a mi me señaló con el dedo, vos fuiste y le dije jamás dije eso».
Allí, continuó Viches, «yo intenté levantarme y decirle que estaba equivocado y sentí que se me hizo la noche, y me descompensé, mis compañeras me auxiliaron y me retiraron del salón. Esa cosa mínima que según la señora Díaz sucedió, me llevó a mi a estar tres días en TI y cinco en sala. Esto desestabilizó a toda la familia». También comentó que es empleada municipal desde hace 29 años, «y continúo porque mis alumnas me lo requieren, es un amor que tengo hacia la docencia y hacia mis alumnas».
Tras recibir el alta y considerar que estaba en condiciones y con la fortaleza suficiente, Adriana tomó la determinación de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.