A esta iniciativa se sumarán el resto de los Concejales de la oposición; lo acusan del delito de malversación de fondos públicos por el concurso que ofrece llevar a un vecino de Río Gallegos al Mundial de Qatar.
Los ediles de la UCR, Dra. Daniela D’Amico y Prof. Leonardo Roquel, junto al Prof. Pedro Muñoz (Coalición Cívica ARI), acudirán a la Justicia de Santa Cruz para denunciar una vez más el accionar del Intendente Municipal “quien continúa malversando los fondos provenientes de las arcas públicas y violando reiteradamente la Ley de Ética Pública y el Código Penal”, dijo Leo Roquel. Esta vez es por la organización de un polémico concurso que premiará al vecino ganador con un pasaje, estadía y entradas a los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.

El concejal Leo Roquel manifestó que, “las bases de este concurso que ha lanzado la Gestión Municipal encabezada por el señor Pablo Grasso rozan el absurdo y son absolutamente violatorias y un total atropello a la ética pública en la administración de Estado y al mismísimo Código Penal de la Nación, ya que las condiciones para poder participar es utilizando a los ciudadanos y abusando de los mismos al obligarlos a acercarse a sacar una foto con personas desconocidas para ellos. Entiendo en el caso de los funcionarios de la actual Gestión, que sin dudas se los está promocionado, dándoles exposición pública y publicidad, con dineros que son de todos los vecinos y que debieran estar destinados a satisfacer las necesidades básicas y demandas y reclamos urgentes que tienen cientos de familias de la localidad; y no despilfarrarlos en el suntuoso y lujoso gasto de premiar a una sola persona con un viaje a la Copa del Mundo”.
“Se expone nuevamente – continuó el Edil – la poca o nula empatía que tiene el Jefe Comunal por la gente de Río Gallegos, otra vez utilizando los fondos de los impuestos para viajes y fiestas sin mirar a quienes más lo necesitan y a las obligaciones urgentes que tiene nuestra ciudad”.
Señor intendente Pablo Grasso – enfatizó Roquel – “déjese de frivolidades y vea un poco más a su alrededor, mire las necesidades básicas que le están haciendo falta a nuestra ciudad y fundamentalmente a sus habitantes, no lo decimos nosotros como concejales de la Oposición y representantes de los vecinos, lo establece también el Código Penal de la Nación que indica concretamente en su artículo 261 que ‘será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo el mismo será reprimido con la misma pena, el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública'”.