Este lunes fue un día clave para Cristina Kirchner, ya que el fiscal Diego Luciani presentó los alegatos contra la vicepresidenta por el juicio de la causa Vialidad por presunta corrupción. Será la etapa final del proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2, luego de la feria judicial.
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta y a otros doce imputados, se reanudó hoy con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
En ese marco, el fiscal hizo duras acusaciones contra la exmandataria por el proceso de supuesta corrupción en la adjudicación de la obra pública. «Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner», y advirtió que hubo «una defraudación millonaria».
El fiscal se refirió a Báez como «socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa» y los responsabilizó de haber provocado un «perjuicio económico y social inconmensurable». Según comentó, «instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país».

Además, el magistrado dijo que «las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios» y calificó como «una ficción» la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: «Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia».
El fiscal citó una declaración del actual presidente Alberto Fernández donde mencionó la relación que tenía el ex presidente durante 2003 y 2007 con el empresario kirchnerista. «Néstor Kirchner, y Lázaro Báez eran amigos íntimos, esto no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo admitió en su declaración indagatoria. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003, 2004, en El Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí, en el parque».
Por otro lado, el fiscal dijo que en los gobiernos K «la corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización permanente». Además, remarcó que «se encubrió, con un fin noble, la comisión de un delito, se direccionaron licitaciones públicas aprovechando una estructura de funcionarios que eran funcionales y que brindaban su aporte a la defraudación».
Luciani dijo que «luego de más de una década a cargo de la administración de la provincia de Santa Cruz los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder fáctico» y que «conocían y tenían el poder para influir en la designación de los funcionarios a cargo de Vialidad y de los organismos de control».

Absolución

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.
El organismo consideró «irresponsable avanzar en la acusación» por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom. El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

La causa

La causa se inició a partir de la denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se apunta contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
Según la acusación hubo una «maniobra de corrupción» entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que «se montó una organización criminal».
De acuerdo a las acusaciones hubo «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez».

Télam y Via Pais