«Ni se preocupaban por disimular», fue la frase que el fiscal Diego Luciani utilizó para la lectura sobre las maniobras de Lázaro Báez, fundador de la empresa Austral Construcciones, la cual es investigada por asociación ilícita.
Luego de que Cristina Kirchner se haya expresado en su cuenta de Twitter, ahora más defensas se sumaron al pedido de apartar al fiscal Diego Luciani y al juez del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. La vicepresidenta, como ahora también Lázaro Báez y el exministro de Planificación, Julio De Vido, apuntaron contra dos de las personas que están llevando adelante el juicio de la causa Vialidad.
Los planteos de recusación quedaron ingresados esta mañana al Tribunal Oral Federal 2 de parte de las defensas de estos tres imputados, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal 2 inició una nueva audiencia a las 8.30 y seguirá el alegato del fiscal Luciani, por quinta jornada en el debate por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, adjudicada a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones».
En el día de ayer, la defensa de Cristina Kirchner presentó la recusación del fiscal y el juez por haber sido compañeros en un equipo de fútbol y jugado partidos en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri en la zona norte del conurbano bonaerense, los otros dos jueces Jorge Gorini y Andrés Basso resolvieron darle trámite «incidental».
Las recusaciones se tramitarán de manera paralela al desarrollo de las audiencias que seguirán adelante. Los cuestionados responderán a los planteos de las defensas y luego Gorini y Basso resolverán si aceptan o no apartarlos del caso.

Luciani ya anticipó que desea responder de manera oral durante la audiencia a los cuestionamientos mientras que Giménez Uriburu podría hacerlo por escrito.
En la cuarta jornada, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizaron la situación de Báez y mencionaron que durante el kirchnerismo «funcionó un Estado paralelo para beneficiarlo».
Los fiscales hace una semana afirmaron contar con «pruebas contundentes» sobre los beneficios obtenidos por Austral Construcciones de parte de los tres gobiernos nacionales kirchneristas, entre 2003 y 2015, en la obra pública llevada adelante en Santa Cruz. El juicio se sigue por los posibles delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita.