La trascendente decisión que tomó el Sindicado Petrolero de Santa Cruz al comprar acciones de YPF en la Bolsa de Valores, lo que le permitirá tener voz y voto en programas, planes y políticas estratégicas que adopte la empresa, tiene un ponderable antecedente que se remonta hace diez años.
Ese caso cobró notoriedad pública nacional a mediados de marzo de 2014 cuando el entonces titular de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Zannini, acudió junto a otros funcionarios al Senado Nacional para brindar explicaciones sobre los pasos que dieron en el proceso de expropiación de las acciones que pertenecían a la española Repsol, lo cual posibilitó recuperar la compañía al patrimonio argentino.
En un pasaje de su exposición, Zannini, expresó con voz quebrada que la importancia de contar con acciones que aquilaten la defensa de la soberanía en recursos estratégicos, tenía un digno ejemplo en el ex diputado de la provincia de Santa Cruz, secretario general de la filial SUPeH y presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga,
Antes de aquel acontecimiento, “el negro”, tal como lo recordó afectuosamente Zannini, ya había participado en junio de 2012 en una asamblea de accionistas que se convocara para elegir a las nuevas autoridades de YPF. Lo hizo con derecho a voz y voto porque era uno de los pocos ypefianos que había conservado algunas pocas acciones de clase “D”.
En su momento el valor era ciertamente simbólico, pero Soloaga decidió conservarlas no con un objetivo de especulación financiera sino como “un gesto patriótico”, sin prever que la historia le depararía una sorpresa cual fue la ser convocado por la Comisión de Valores a esa asamblea de accionistas.
En la ocasión, se le concedió el privilegio de hacer uso de la palabra donde resaltó la importancia que adoptara la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner para recuperar YPF al patrimonio nacional.
Al mismo tiempo criticó con severidad la perversa política de privatización de empresas estatales que había llevado adelante durante la gestión de Carlos Menen.
En el caso de ámbito petrolero, la privatización había favorecido a Repsol, de la cual refutó el planteo de inconstitucionalidad que hicieron los representantes de esa transnacional, pretendiendo anular el desarrollo de la asamblea.
De aquel acontecimiento, un medio periodístico especializado en industrias, petróleo y gas, El Observador Central, resaltó la constante lucha contra el neoliberalismo que desde siempre llevó adelante el dirigente sindical y funcionario de extracción peronista. En ese contexto, ponderó que con un simple “escarbadientes” (en clara alusión a disponer de ínfimas acciones) había puesto de manifiesto la importancia de conservar un pequeño pero relevante núcleo de soberanía nacional.
Soloaga también ya había decidido que esas acciones quedaran en poder de la Comisión de Fomento y por ello al cumplirse recientemente 100 años de la creación de YPF, diferentes medios periodísticos regiones y nacionales destacaron que Cañadón Seco es la única institución comunal poseedora y tenedora de acciones que le confieren el derecho de tener voz y voto en las decisiones que se adopten en el seno de la empresa de bandera.
Las acciones de las provincias petroleras están sindicadas y representadas por el Estado Nacional en las asambleas.
De allí que la postura de Soloaga es un valioso antecedente a la estratégica inversión que hizo el gremio de los petroleros convencionales de Santa Cruz en la compra de acciones. Ello posibilitará que sus afiliados tengan representantes en las asambleas de la empresa para acceder a información certera y precisa de inversiones y balances y también a plantear en ese ámbito esquemas de defensa a sus derechos laborales.