El fiscal Diego Luciani retomó este martes su alegato y afirmó que el kirchnerismo sometió al Congreso a un «apagón informativo» y le escondió los «cuantiosos fondos públicos» destinados a Santa Cruz para imposibilitarle los controles.
«Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz», dijo el fiscal, y afirmó: «Lisa y llanamente, les mintieron».
Luciani dijo que «pese a lo sostenido por Cristina Fernández» en este juicio, el Poder Ejecutivo «monopolizó el manejo» de buena parte de la información sobre el manejo de los fondos públicos y «desconoció» normas que lo obligaban a darle más elementos al Congreso para que pudiera controlar.
«Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional», dijo Luciani en el tramo final de su primera intervención de esta mañana.

El fiscal fue recusado la semana pasada por la defensa de la vicepresidenta, acusada central en este juicio, que investiga una presunta estafa al Estado con el manejo de las obras viales en Santa Cruz. El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su recusación y el resto de las planteadas por las defensas.
En cuanto al rol de quienes fueron jefes de gabinete durante el kirchnerismo -incluido el actual presidente Alberto Fernández-, que firmaron el cambio de destino de los fondos, el fiscal dijo que ellos «han modificado los presupuestos aprobados por el Congreso a instancias del ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido», que es uno de los acusados de haber integrado la asociación ilícita. Los exjefes de gabinete no fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal y no están siendo juzgados en este caso. Fernández declaró como testigo en la causa.
Luciani destacó un «informe demoledor» de la Auditoría General de la Nación (AGN) «sobre las metas y los controles» en las obras viales, que el gobierno de Cristina Kirchner desoyó.

Falta de controles

Minutos después de las 9.00, Luciani cedió la palabra al fiscal Sergio Mola, que siguió con el análisis de la falta de controles sobre el manejo de la obra pública vial de Santa Cruz. Se refirió puntualmente a los controles de los órganos de la provincia. «En vez de auditar lo que pasaba en la obra pública se dedicaban a controlar cosas muy menores; gastos de farmacia, de librería. No se controló absolutamente nada», dijo Mola. «Cuestionaban licitaciones de 80.000 pesos, 60.000 pesos, y no se inmutaban con las obras de 600 millones de pesos que se adjudicaban en menos de 20 días», sostuvo. «Del universo elegible que tenían para auditar, lo que hicieron fue, en los hechos, no auditar nada.»

«Hubo una ceguera intencional para aparentar un control que no existió. Cerraron los ojos», afirmó el fiscal.
También destacó el rol que debió haber ejercido la Sigen (máximo organismo de control interno de la Nación) sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Ministerio de Planificación Federal. Y remarcó que la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue nombrada como «una de las cabezas» de ese organismo, pese a que el ministerio que controlaba su marido era «uno de los puntos más sensibles y riesgosos» dentro del Gobierno «en lo que hace a corrupción».
«La esposa de Julio De Vido fue designada en un puesto clave en el organismo que tenía que controlar, entre otros, a De Vido -dijo Mola-. El mensaje que emanó del Poder Ejecutivo es nefasto, fue un mensaje fue muy claro: acá no se va a controlar nada.»

Fondos

El viernes pasado, la fiscalía había advertido que unos 2500 millones de pesos en obras públicas fueron enviados a Lázaro Báez sin conocimiento del Congreso al aprobar las leyes de presupuesto entre 2004 y 2015. Luciani enfatizó que «fueron la presidente Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y el administrador de Vialidad» Nelson Periotti los que dotaron de eso fondos a las obras de Báez y concluyó que al Congreso se le indicó que se iba a gastar en 34 obras 3600 millones de pesos. Sin embargo, según el fiscal, en los hechos esas mismas obras le fueron adjudicadas a Báez por 5000 millones de pesos, pero se le terminó ejecutando $6500 millones.
De las 51 obras públicas analizadas en el juico de Vialidad, hubo 17 que jamás fueron incorporadas en las previsiones presupuestarias y de esas 17, 11 obras fueron abandonadas por el contratista. Es decir que el 65 por ciento de las obras, según la fiscalía, fueron abandonadas. Las seis obras restantes fueron terminadas, y tres de ellas eran remediaciones de canteras, lo que Luciani llama «la caja clandestina de Lázaro Báez».
«Ha habido más de 2500 millones de pesos que llegaron a manos de Báez sin control del Congreso. ¿Cómo fue posible semejante aberración?», se indignó el funcionario.

(La Nación)