¿Para quienes trabajan y que intereses defienden las Cámaras de Comercio en la provincia de Santa Cruz?

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Relaciones “carnales” con el Gobierno, indudable desconocimiento de la realidad del comercio local y nulas acciones para generar iniciativas proactivas en medio de la crisis económica, ponen en duda el grado de representatividad de las entidades que dicen defender a los comerciantes.
De la última reunión de las Cámaras de Comercio de la provincia y de la Federación Económica de Santa Cruz con Alicia Kirchner quedó en claro una sola cosa: la agenda de las entidades es la del Gobierno.
En medio de una de las peores crisis económicas que recuerde el país, y que golpea fuertemente al sector privado provincial, los dirigentes que dicen representar a los comerciantes santacruceños participaron como “invitados de piedra” del encuentro con la gobernadora, en donde nada en concreto o positivo salió para el sector.
Eso sí, estaban todos para la foto junto a la mandataria; en una costumbre que suelen repetir con funcionario que los convoquen para alinearlos.

Convocados por Alicia

Fue el pasado 21 de septiembre, cuando desde organismos oficiales se informó que la gobernadora se había reunido con “autoridades del sector y de la Federación Económica de Santa Cruz con quienes abordó distintos ejes”, según la reseña oficial.
Además, se indicó sin demasiados detalles que “se plantearon temas de la agenda comercial de la provincia donde, los y las representantes le presentaron a la mandataria las realidades de cada jurisdicción”.
El parte oficial, escrito en un confuso “pseudo lenguaje inclusivo, consignaba: “Alicia, acompañada de lxs ministrxs de Economía, Ignacio Perincioli; y de la Producción, Silvina Córdoba; junto a autoridades del gabinete provincial, recibió lxs presidentxs de las Cámaras de Comercio de Perito Moreno, Pablo Jaramillo; de Puerto Deseado, Mariana Kunhle; de Río Turbio, Francisco Albea; de Caleta Olivia, Miriam Giorgia; de Piedra Buena, Ramón Fajardo; y de Río Gallegos, Jonathan Van Thienen. Además, estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Turismo de Santa Cruz, Paulo Luncevich; y de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke. Acompañaron, en tanto, la secretaria general de la FESC, Carolina Neil; y el tesorero de la FESC, Gustavo Rodríguez Zahn”.
Hasta allí todo protocolar, pero la realidad es que el gobierno buscó medir el efecto que tendrán los aumentos de tarifas y de las tasas provinciales que ya están definidos y que impactarán en el sector.
Como si se tratara de la “zanahoria delante del burro”, el discurso de la gobernadora volvió sobre temas con los cuales suele sostener su gestión vacía de concreciones y a los cuales los dirigentes del Comercio jamás discrepan.
En definitiva, las entidades del sector terminan avalando este discurso y luego presentan estos encuentros como una gestión positiva que en los resultados es nula.

Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), Jonathan Van Thienen

Intereses y agenda común

Porqué las Cámaras de Comercio de la provincia y especialmente la de Río Gallegos y la Federación Económica siempre “juegan” para el Gobierno y respaldan sus políticas, tal vez tenga una sola respuesta: comparten intereses.
Muchos de los altos dirigentes de estas entidades tienen empresas que prestan servicios o mantienen negocios a través de contratos con el Estado y con grandes cadenas de supermercados, sin que esto sea de conocimiento público.
Luego del encuentro con Alicia, voceros y medios de prensa oficiales y afines, informaron que “el Gobierno provincial expresó el acompañamiento al sector entendiendo que se apuesta a fortalecer y propiciar los puestos de trabajo, con eje en el sostenimiento de las Pymes”. Como se haría eso; es algo que no se explicó.
En este contexto Perincioli, calificó la reunión como “muy fructífera” donde dialogaron respecto a “todo el panorama que tienen las distintas cámaras que participan de la Federación Económica de Santa Cruz, con una representación bastante federal”.
También explicó que “se trató de una reunión de agenda donde se trabajó de manera positiva y resaltó que la Cartera Económica “es transversal a todas las carteras, en esto trabajamos en conjunto con las áreas de Comercio y de Trabajo de la provincia y todos aquellos entes descentralizados que tienen relación con las empresas”.
Sobre el comerciante local, sus penurias para mantener abierto sus locales en medio de la crisis, sostener las ventas pese a la inflación galopante y conseguir acuerdos serios que efectivamente los ayuden: nada.
Simplemente habría que ver cuáles fueron las últimas gestiones de los dirigentes de la FESC y el CCIARG para advertir el compromiso que tiene con sus asociados con relación a la agenda oficial que les marcan. Es que estas dos entidades suelen trabajar en “tándem” con el gobierno para poner en la opinión pública los temas que les “mandan”.
Un ejemplo de esto fue cuando se “sacaron la foto” para el anuncio oficial que confirmaba la puesta en marcha de la Zona Franca de Santa Cruz para octubre (del año pasado), y ahora para salir a cuestionar la apertura de supermercados de la Mutual 12 de septiembre del sindicato petrolero. Pero estos son solo ejemplos; en el caso de la CCIARG, difundió con una gran gestión una reunión para evaluar el uso de los “tapa bocas o barbijos”, o la FESC confirmando que cerraron un acuerdo con la municipalidad de Río Gallegos para “capacitaciones”, que obviamente brindará la entidad, y ya sabemos quién las financiará con dinero de las arcas públicas.
Nuevamente, en la agenda de estas entidades no es prioritario considerar el número de comercios que cierran mes a mes en localidades como Caleta Olivia o Río Gallegos; o procurar medidas que abaraten los costos logísticos a los que se ven sometidos los comerciantes, y ni hablar de la presión impositiva de los municipios.

Negocios y política

No fue casual, que luego de una reunión fútil, el único tema que fue resaltado tiene estricta relación con una “necesidad política” del gobierno: en este caso cargar contra el dirigente petrolero Claudio Vidal, quien es visto como una “Piedra en el zapato” de cara a las elecciones del 2023.
En este caso, el encargado de ser “vocero del gobierno” fue el presidente de la CCRG, Jonathan Van Thienen,
En principio, sobre la situación del comercio local dijo que uno de los temas expuestos al gobierno fue la caída del consumo.
“En Río Gallegos en el comercio general, venimos de dos años de pandemia más la inflación que es un agravante. Particularmente ves la caída de venta de rodados, automotores, construcción, venta de corralones. Está complicado acceder a materiales de vivienda para la construcción”, describió escuetamente a un medio radial.
Y seguidamente disparó contra la Mutual del sindicato Petrolero santacruceño.
“Trasladamos al Ejecutivo Provincial la inquietud de nuestra Cámara de Comercio con la apertura de la proveeduría porque entendemos que hay una competencia desleal, desde el punto de vista que se hace un abuso de la figura de la Mutual para entablar una actividad comercial con un beneficio de la extensión impositiva, la mutual no está abierta solo para venderle a los afiliados del sindicato, está abierta para la comunidad en general”.
Habría que analizar que si por un lado, la caída de las ventas se da en rubros como la construcción o los automotores y la dinámica de la economía está dada por variables macro económicas; la venta minorista de alimentos productos de la canasta básica también sufre esta incidencia. Con lo cual, si el consumidor tiene acceso a “precios razonables” en determinado proveedor local; sería más inteligente y productivo que las Cámara de Comercio reclamen al gobierno mejores condiciones y medidas eficaces para que los comercios minoristas locales pueda mejorar su competitividad. Esto no solo beneficiaria a los comerciantes, sino también a los consumidores. De este se trata la economía. Pero claramente a Jonathan Van Thienen no le preocupan los intereses de los pequeños comerciantes y si tal vez la de los grandes supermercados que durante años mantuvieron la hegemonía en las ventas minoristas, frente a pequeños locales barriales que a duras penas pueden mantener su “stock” y sus ventas.
Evidentemente el problema no está en el impacto de una forma de “economía social”, que de manera novedosa llega a la provincia de la mano de un sindicato, sino en una competencia inesperada para las grandes firmas.




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