Recientemente se conoció que las ventas del comercio minorista descendieron un 3,3 % -mediciones entre julio y agosto – en comparación con el mismo periodo de 2021.
Los datos pertenecen al Instituto Nacional de Estadística (INE), que marcaba que las ventas habían disminuido en alimentación (3,3 % menos), equipos del hogar (3,4 %) y otros bienes (7,8 %).
El “síntoma” es la baja de las ventas en comercios minoristas, y la “enfermedad” es la inflación, que destruye la capacidad de compra de los hogares argentinos.
Con una inflación galopante, que cerraría el año en 3 dígitos; quién podría quejarse o cuestionar que utilizando los mecanismos de la “Economía Social” lleguen a las familias de menos recursos productos básicos a precios accesibles. Dicho al revés: quien no podría festejar que los consumidores locales puedan acceder a productos que les están siendo “negados” por la inexistente política económica del gobierno.
Se suele decir que la “inflación es la máquina de hacer pobres”, y claramente lo podemos ver en cada localidad de Santa Cruz, y obviamente en Río Gallegos.
En este contexto, entidades como las Cámaras de Comercio o Empresariales deberían asumir un rol proactivo para encontrar soluciones, o al menos “paliativos” a la situación.
Paro paradójicamente, esto no ocurre en la provincia, donde estas organizaciones asumen el discurso del Gobierno e incluso lo reproducen, para sacar de foco quien tiene en sus manos resolver el tema.
Claramente trabajan en tándem y esto lo podemos verificar en las últimas declaraciones del Presidente de la CCRG, Jonathan Van Thienen tras el encuentro con la gobernadora Alicia Kirchner: “Estas reuniones ayuda porque el equipo de Gobierno escucha de primera mano los problemas del sector, nosotros desde el sector comercial tenemos siempre un ida y vuelta con los ministros”.

Instalando la polémica

Recientemente dirigentes de la Cámara de Comercio Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) y de la Federación Económica de Santa Cruz comenzaron a “trabajar” para “instalar” una polémica sobre los perjuicios que generaba la instalación de la Mutual 12 de septiembre (del sindicato de petroleros privados de Santa Cruz) en la capital provincial.
El argumento es bastante endeble, ya que tanto Jonathan Van Thienen presidene de la CCIARG como Guillermo Polke, como representante de los empresarios apuntaron contra los supuestos beneficios impositivos que tendrían las mutuales, encuadre fiscal que los pondría en ventaja sobre los comercios locales. Si este fuera todo el problema de las Cámaras y estuvieran preocupados por esta “supuesta ventaja”, podrían expresarse contra el sistema de cooperativas que tienen una constitución que les permite funcionar sin los contratiempos de las SRL, o las SA; sobre todo cuando muchas de estas cooperativas abarcan gran cantidad de actividades entre ellas servicios a grandes supermercados y también con entes del estado, que tiene preferencia por estas figuras empresariales cooperativas por sobre las empresas convencionales. Y esto no habla mal de las cooperativas, todo lo contrario, porque la economía social es una alternativa sobre todo en tiempos de crisis.
Del mismo modo que una cooperativa tiene legítima oportunidad de competir en el mercado de las empresas de servicios, una mutual configura una manera legítima y sobre todo legal de ofrecer sus beneficios a la comunidad.
“Observamos que es así, hay una serie de impuestos que no se tributan que es el IVA (21 por ciento) que paga toda actividad comercial, el 5 por ciento de ingresos brutos, y el 33 por ciento de ganancias. Entonces, si sumamos todo eso, hay una diferencia muy grande con lo que pasa cualquier comercio en la provincia de Santa Cruz”, dijo recientemente Polke en dialogó con La Parada, programa que se emite en Tiempo FM 97.5, de Río Gallegos.
Pero luego de esta afirmación, aclaró: “»No es en contra de la proveeduría sino de este beneficio que tiene que ser igualitario para todos».
Si admitimos como serio el planteo, el dirigente de los empresarios debería haber expuesto esto ante el gobierno – con quien tiene una excelente relación – o incluso reclamar a los legisladores que generen legislación regulatoria o cambios impositivos.
Porqué el reclamo se hizo desde la capital provincial y no se menciona a las otras Proveedurías instaladas, como en el caso de Caleta Olivia donde la Mutual convive con tres grandes cadenas de supermercados, lo que genera una mayor oferta al consumidor local sin que se haya producido una controversia.
En esta localidad hay además un “maga mayorista” que vende al “por menor” cosa que, si podría afectar a los comerciantes minoristas locales que se encuentran en desigualdad de condiciones por las capacidades de compra en volúmenes, fletes logísticas y almacenaje, que generan una gran diferencia contra la exigua capacidad de los pequeños comercios. Pero esto tampoco genera controversia. Incluso en Caleta se da el caso de pequeños comercios de barrio que compran en la Mutual para obtener precios bajos y llevar productos accesibles a los barrios.
Es decir, se trata de oferta y demanda, que en definitiva benefician al consumidor; y esto los dirigentes del Comercio y la Empresa deberían saberlo como la “Tabla del 1”.

Los lobbistas

Pero qué esconde esta polémica sobre la Mutual 12 de septiembre. El tema salió inmediatamente después de la reunión que mantuvieron las Cámaras con la gobernadora Alicia Kirchner; encuentro del cual salieron con “las manos vacías” de anuncios y apenas si lograron decir que les “habían prometido no subir impuestos”.
Luego de mostrar el exiguo resultado de su gestión, iniciaron la carga contra la Proveeduría instalada en Río Gallegos, pretendiendo que ese era el principal problema del comercio local.
El verdadero problema, es que la Mutual pertenece al Sindicato petrolero y este gremio está conducido por Claudio Vidal, que además es diputado nacional, quien ya anticipó que no iría con la coalición oficialista del Frente de Todos en el 2023.
Entonces, el problema no es que los precios de la Mutual son más accesibles por las mencionadas ventajas impositivas; el problema tiene un aspecto político que el Gobierno no quiere exponer y envía a los dirigentes empresariales a intentar mostrar un problema donde no lo hay.
Un lobbista aquel que se dedica a defender los derechos de terceros ante las administraciones y a intentar influir en las políticas públicas a su favor. Tal vez esto es lo que define hoy a los dirigentes de la Cámara de Comercio y la Empresa de Río Gallegos; quienes además de “cuidar” su buena relación con Alicia y los funcionarios de turno, tiene sus propios intereses; algunos de ellos con empresas contratadas en el Estado o incluso con grandes firmas comerciales.
Finalmente, cuando Polke reclama: “Nosotros queremos que todos los comercios tengan las mismas reglas de juego”, se le podría reclamar a él que haga algo desde su entidad -o sus entidades pares- para que todos los sectores productivos y de servicios de Santa Cruz sean “iguales” ante las reglas que impone el Gobierno para contrataciones en todos los rubros del comercio, y la industria.