La defensa del empresario Lázaro Báez descartó la existencia del delito de «asociación ilícita» en la causa Vialidad y sostuvo que la fiscalía «contó un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente pero que no se sustentó en prueba», en la tercera jornada de su alegato en la causa Vialidad donde pedirá absolver al dueño de «Austral Construcciones».
Además, el abogado Juan Villanueva sostuvo que durante el macrismo, desde la AFIP se generó un informe «falso» para perjudicar a Báez en otra causa penal y que, pese a saber que era «mentira», los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola lo usaron en su alegato final en la causa Vialidad.
«Se contó un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente pero no se sustentó en prueba. La fiscalía pidió que le creamos ese relato», advirtió el abogado Juan Villanueva, ante el Tribunal Oral Federal 2.

El «relato» se basó «en que Lázaro fue ungido o elegido para ser transformado en millonario por obra y gracia de Néstor Kirchner. Nos quisieron vender los fiscales que Néstor Kirchner apreciaba tanto a su amigo Lázaro que echó por la borda su vida política y sus principios republicanos», dijo.
«Todo para que Lázaro gane plata», acotó y consideró «un cuento» a ese relato ante la «imposibilidad clara de acreditar delitos» como la asociación ilícita y administración fraudulenta.
El defensor de Báez, que cerrará su alegato con un pedido de absolución, reafirmó ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrígo Giménez Uriburu que «no existió ninguna administración fraudulenta, no existió tampoco ningún perjuicio al Estado, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal no solamente resultó falsa sino que es contraria a las leyes de la ciencia y la lógica y especialmente a la prueba de este debate».
«Se probó los kilómetros y kilómetros de rutas construidas; jamás se pagó algo que no se hubiese hecho», agregó.
Al no existir administración fraudulenta, «mucho menos puede existir una asociación ilícita dedicada a cometer delitos», indicó.
En ese marco, reiteró que la acusación que pesa sobre Báez en este juicio «es inexistente» y que se «violenta el debido proceso».
En relación a lo ocurrido con la AFIP, sostuvo que desde el organismo durante el macrismo se impulsó una acusación para vincular el cierre de la regional AFIP Bahía Blanca resuelta en la gestión de Ricardo Echegaray con un objetivo de encubrir a empresas de Báez en una causa por facturas apócrifas.

La defensa de Báez

La defensa de Báez remarcó que ahora en el juicio por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, los fiscales Luciani y Mola «quieren revivir» la misma hipótesis delictiva, ya sobreseída en cuatro ocasiones previas por inexistencia de delito.
«No pueden dos fiscales federales desconocer la Ley, tirarla a la basura para darle vuelo mediático a la acusación», agregó al recordar que también en el alegato acusador se hizo mención a las causas Los Sauces y Hotesur, cerradas por inexistencia de delito por otro Tribunal Oral, en una decisión en la actualidad apelada ante la Cámara Federal de Casación.
«Hubo causas sobreseídas en este mismo edificio donde trabajan ustedes, la fiscalía y todos lo saben» , continuó y en base a ello consideró que «la acusación viola el principio de congruencia» al mencionarlas en el alegato final vinculadas a lo que se investiga en el juicio.
También «violó el derecho de defensa» por usar en el alegato mensajes extraídos del teléfono de otro acusado, el ex secretario de Obra Pública José López, en otra causa penal y sin antes dar intervención a las partes.
La fiscalía «intenta construir algo que termina siendo un castillo de naipes», agregó al recordar que la defensa de López pidió la nulidad del uso de sus mensajes como prueba.

El debate

El debate ante el Tribunal Oral Federal 2 se reanudó a las 9.30 con la tercera y última jornada de alegato para la defensa del detenido empresario, quien tiene un pedido de condena a prisión de 12 años en la causa por el supuesto direccionamiento a su favor de la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Las dos primeras jornadas del alegato se dedicaron a demostrar que, para la defensa, Báez «no participó en ninguno de los hechos descriptos» por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que lo acusaron por administración fraudulenta al Estado mediante el presunto direccionamiento, sobreprecios e incumplimientos en las obras.
Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron «prevaricato».
Tras el alegato de la defensa de Báez, continuarán las declaraciones de los representantes legales de otros cuatro imputados en el proceso, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.