Luego de que Juntos por el Cambio confirmara este martes que bloqueará el juicio político que impulsará el presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia, Elisa Carrió denunció la decisión del oficialismo ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum”, expresaron desde el Interbloque de Juntos por el Cambio.
Mediante una carta dirigida a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, la líder de la Coalición Cívica repudió la acusación por mal desempeño de sus funciones al presidente del órgano máximo del Poder Judicial, Carlos Rosenkrantz, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.
Carrió describió en un documento de 15 páginas diferentes episodios, desde el 10 de diciembre de 2019, momento en el que Fernández asumió como presidente, hasta el día de hoy, que según ella atentan contra la democracia argentina.

“El operativo de presión y desgaste sobre la Corte Suprema de Justicia no cesa. El gobierno nacional y, en especial, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kircher, pretenden someter a la Corte Suprema. El objetivo primario es tener una Justicia que responda directamente a sus intereses con una composición de la Corte diferente a la actual”, comenta.
Para Carrió, la embestida contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda apunta a otro objetivo: “Tener una Corte Suprema de Justicia que se presente como adversaria, cuyos integrantes sean vistos como opositores al gobierno, desgastar sus figuras y la de la institución, para lograr que la Corte no falle sobre temas que el Gobierno Nacional no quiere, o bien que si lo hace, sus fallos sean leídos como parte de una conspiración contra el gobierno”.
Y señala: “El pedido de juicio político está basado principalmente en supuestas pruebas producto de espionaje ilegal y en la discrepancia con dos fallos judiciales: uno sobre fondos coparticipables, resolución contra la que el Presidente de la Nación intenta alzarse desde que fue dictada, y otro sobre la integración del consejo de la magistratura. El pedido de juicio político sería acompañado por, al menos, once gobernadores de provincia”.
En esa misma línea, la exdiputada advierte que la iniciativa del jefe de Estado, que está amparada en el artículo 53 de la Constitución Nacional de Argentina, no tiene fundamentos válidos.
“El mecanismo institucional sería el correcto si lo que se pretende es destituir a jueces de la Corte por los motivos previstos en el artículo 53. Sin embargo, resulta evidente por el contexto señalado que el pedido de juicio político se efectúa para presionar a los jueces de la Corte, para perturbar el normal desempeño de sus funciones, buscando desprestigiar a sus integrantes y a la institución misma para intentar influir sobre la agenda de fallos de la misma o deslegitimar los fallos que de ella emanen”, sostiene.