La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes en conferencia de prensa que más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo no validaron su identidad y serán suspendidos.
Este domingo venció el plazo para que quienes cobran este beneficio, autenticaran su información. Quienes no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero.
De acuerdo con la auditoría realizada por el Ministerio que conduce Tolosa Paz, surgió que aproximadamente el 89% del padrón de beneficiarios del programa validaron sus datos en el sistema.

En línea con esto, estas personas en febrero cobrarán el total del plan, mientras que quienes no lo hicieron percibirán la mitad del monto en febrero y, de no regularizar su situación, dejarán de percibirlo.
La validación de datos se estipuló luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Del relevamiento se desprende que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde legítimamente percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino por su situación patrimonial, la ausencia de bienes registrables a su nombre y que no realizaron operaciones de moneda extranjera, entre otros datos obtenidos.
En este sentido, Tolosa Paz precisó que, de ese total, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias; 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.
Por otro lado, la ministra afirmó que un total de «154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de la liquidación de enero».
Asimismo, declaró: «Entiendo que haya personas que puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo», aclaró.
Respecto del impacto fiscal de suspender los planes, se estima que habrá $2.500 millones que podrán «destinarse a otras actividades productivas», enfatizó la funcionaria.