ANTICIPO EDICIÓN PAPEL

Algo que pasó desapercibido casi sobre el final del año pasado fue la aprobación de la nueva ley provincial de administración financiera y luego la reglamentación “a medida” para que el gobierno de Alicia Kirchner pueda hacer uso discrecional y literalmente “sin control” de los fondos públicos.
De este modo, en el año electoral más crucial para la continuidad de la familia Kirchner en el “Poder”, y la continuidad de su nefasto proyecto político en la provincia, se le entregó a la gobernadora una herramienta para evitar todo tipo de control administrativo y legal, y nadie (ningún organismo) podrá reprobar actos vinculados a la utilización de fondos en ninguno de los niveles de la Administración pública Central. Es que la reglamentación de la ley apuntó directamente a desarticular y desactivar una de las únicas funciones en las que el Tribunal de Cuentas de la provincia podría fundamentar su trabajo: el control de los actos administrativos durante el proceso del mismo. Es decir, objetar una determinada contratación o erogación de fondos, para impedir posibles actos contrarios a la ley y que causen o puedan causar daño al erario público. Esta función era de capital importancia para los integrantes del Tribunal de Cuentas que de alguna manera y pese a la enorme burocracia del sistema, podrían evitar manejos discrecionales de dinero. Esto ya no ocurrirá, y Alicia tiene el camino allanado para que este año, la “plata del Estado” sea prácticamente una cuenta personal.

La “burla” de la gobernadora

Más allá del discurso vació de contenido y plagado de lugares comunes y “cursis” de la gobernadora al abrir el periodo de sesiones ordinarias – la semana pasada – para entender la lógica del gobierno de la familia Kirchner, hay que tener en claro que lo único que los moviliza es el manejo de las “Cajas” del Estado, y el uso discrecional de ese dinero que es de los santacruceños.
“Como Gobernadora, mi tarea es profundizar las políticas públicas, por eso propusimos un acuerdo social santacruceño para que a pesar de las diferencias partidarias aprendamos a trabajar todos juntos porque estoy convencida que el camino del diálogo es lo más importante”, fue una de las frases sin contenido y desproporcionada de Alicia en el Club Boca Río Gallegos, que ofició de recinto parlamentario colmado mayoritariamente por aplaudidores.
Esta frase en si misma es una mentira porque en la provincia no existe un diálogo del oficialismo con otros sectores; y esto lo puede confirmar los legisladores de la oposición que estaban presentes y que a lo largo del año pasado vieron bloqueadas cada una de las iniciativas que presentaban. Si esto no hubiera sido así, el debate por la ley de administración pública hubiera tenido sentido y hoy no estaríamos hablando del fin de los controles a la gestión “kirchnerista” en Santa Cruz.
A esta “banda” solo le faltaba un paso para que la impunidad de sus actos en la administración pública quede totalmente consagrada.
Por eso, la frase de Alicia ante los legisladores cuento les lanzó: “debemos estar a la altura de lo que la gente de Santa Cruz merece”, pidiendo un “debate inteligente, con calidad institucional donde las diferencias sean aportes y no chicanas”; debe haber caído como una hiriente burla para los legisladores de la oposición.
Ninguno de los números dados por la Gobernadora es comprobable. Habla de una gestión que ni siquiera es comprobable en materia de eficacia, pero que si es contratable con la realidad de los santacruceños que vivimos cada día peor; sin servicios básicos, sin educación pública y sin seguridad (ni ciudadana, ni jurídica).
Pero ahora, Alicia “sin control”, podrá decir y hacer todo lo que quiera sobre su administración, sin que algún funcionario con valentía y ética pueda desmentirla; ya que nada será auditado en el tiempo y la forma que un gobierno en ejercicio debería serlo.

Muy grave para Santa Cruz

Quien recientemente denuncio este avanza (definitivo) sobre el control de la vocal por la Minoría en el Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo.
La abogada habló del tema en varios medios de la provincia y expresó su preocupación por esta maniobra que le permitió a la gobernadora Alicia Kirchner “excluirse de los controles financieros”.
Es que, con la implementación de la ley, Alicia cambió funciones esenciales del Tribunal de Cuentas, quitándole operatividad al organismo de contralor, limitándolo e impidiendo que actúe en auditorías y deje de efectuar observaciones legales.
“He señalado todas las modificaciones que hicieron en Diputados, en la Reglamentación del Ejecutivo a estas normas lo cual conllevó a que se modificara toda la estructura del Tribunal (de Cuentas) para adaptarlo a lo nuevo, y todo se resume a que prácticamente desaparezca en Santa Cruz el control sobre la Administración Pública provincial y los Entes descentralizados”, denunció Gribaudo en una entrevista con el portal OPI.
“Lo que intento hacer es visibilizar las distintas modificaciones que la gobernadora ha venido haciendo desde el 2021 y 2022 y con la nueva reglamentación de esas leyes en el 2023, el Ejecutivo ha modificado todo con el objeto de frenar el control del Tribunal de Cuentas y silenciar cualquier tipo de control sobre gastos en Santa Cruz”, sintetizó la abogada.
Por su parte, el ex vocal del Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel dijo a Mas Prensa que lo ocurrido “es preocupante. Eliminaron las auditorias de las Cuentas Especiales. Cambiaron la estructura el modo en el que se controla; se eliminó la posibilidad de hacer observaciones legales, y esto prácticamente es una manera de anular los controles.
“Uno de los controles que se suprimió, es la facultad de realizar “observaciones legales”, lo que consiste en términos generales en la facultad que tenía el Tribunal de suspender la ejecución de un acto nulo o viciado, que pudiera causar daño al patrimonio del Estado, el cual se sometía a reconsideración de la Administración”, explicó el abogado. Esta función apuntaba principalmente a “evitar daños al erario público antes de que éstos se produzcan, y no sólo limitar la función a emitir fallos, que normalmente recaen muchos años después”, acotó Stoessel quien advirtió que con los nuevos mecanismos y sin control, será muy difícil, o imposible impedir algún acto contrario a derecho o que afecte los intereses patrimoniales del Estado. En este mismo sentido agregó que “otro de los mecanismos de control que fue anulado es el de la “intervención previa”, con lo cuál, de aquí en más, los pagos de la administración saldrán sin el visto bueno del servicio de auditoría del Tribunal de Cuentas.
Claramente Alicia lo hizo de nuevo: detrás de esa gestión insulsa, ineficaz y aparentemente inocua para los santacruceños, escondió una maniobra que si generará serios perjuicios a la provincia.