La violencia se manifiesta de diversas maneras, pero los efectos sobre la víctima siempre tiene un impacto devastador. El ejercicio de la violencia denota una posición de “poder” y somete siempre a quien la padece con diferentes grados de daño; desde la perdida de la auto estima, el perjuicio mental y físico; hasta la muerte.
El fallecimiento de la directora de la biblioteca municipal de Caleta Olivia,Yanina Grabano expuso como nunca este fenómeno que afecta a personas individualmente, pero que impacta a nivel social. Esto quedó expuesto el 24 de marzo pasado, cuando precisamente en la conmemoración del día de la “Verdad y la Justicia”, una manifestación puso la lupa en la necesidad de estar alertas y señalar con toda claridad que no debe naturalizarse la violencia: ni personal y mucho menos la institucional.
Un grupo de mujeres encabezadas por la madre de Grabano, y otras mujeres municipales concurrió con pancartas y carteles para recordarle al intendente y a sus funcionarios que la verdad, la justicia no solo se deben declamar sino que se deben poner en práctica. Más allá del incomodo momento vivido por Cotillo y sus acompañantes; nadie acusó recibo del mensaje.

El Caso Grabano

Grabano fue hallada muerta en su domicilio el 22 de marzo, mientras atravesaba – según comentaron sus allegados – un severo cuadro de depresión que se había agrabado al punto de estar consumiendo medicamentos destinados a combatir trastornos de ansiedad. Si bien el hecho fue investigado y las presunciones apuntaron a un “suicidio”, todo lo que rodea el caso aun debería analizarse.
En el caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción 2 de Caleta Olivia, a cargo de Gabriel Nolasco Contreras Agüero; y en los procedimientos en torno al caso participaron la división de Criminalística y la Seccional Tercera de policía.
Pero más allá del hecho policial o judicial, este caso puso la lupa sobre otros casos que con diversas consecuencias y secuelas ocurren en el ámbito de la municipalidad de Caleta Olivia. Situaciones que van desde comentarios entre compañeros ed trabajo, hasta denuncias públicas y judiciales. Incompresiblemente, pese a que los hechos podrían connotar encuadres administrativos y penales, esto no ocurre.
Para decirlo claramente: la gestión del intendente Fernando Cotillo tiene en su haber una serie de hechos cuestionables, algunos denunciados; y que cubren su gestión de una sombra: la violencia contra las mujeres.

Prohibido olvidar

Grabano no fue el único caso de una empleada o funcionaria de la Comuna que se “atrevió” a cuestionar medidas o simplemente opinar distinto.
Pero para iniciar un repaso de los hechos cercanos en el tiempo debemos recordar el protagonizado por la propia Grabano que fue objeto de violencia en sus diversos aspectos, en contexto que tuvo su máxima expresión cuando fue retirada violencia de un acto que estaba encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner el 19de octubre del año pasado.
Ese día, Grabano ingresó al SUM del Centro Municipal de Cultura de Caleta Olivia, mientras la gobernadora realizaba anuncios de supuestas obras públicas para la ciudad; y dado que allí se encontraban las principales autoridades del gobierno provincial y el local, la entonces directora de la biblioteca, realizó un reclamo directo para que todos oyeran las necesidades que tenía la institución que dirigía. Pero apenas había alcanzado a expresarse cuando el personal policial que inexplicablemente (o no) se encontraba en su mayoría vestido de civil y sin uniformes, se abalanzaron sobre ella. También otros funcionarios municipales que se encontraban cerca de la mujer “saltaron” para callar a Grabano y obligarla a que se retirará.
Que reclamaba la directora de la bibloteca: 20 litros de pintura y tubos fluorescentes para el edificio. Es que llevaba mucho tiempo pidiendo al intendente y a los secretarios de la comuna por el abandono que padecía una institución tan importante para una ciudad, como debiera ser considerada su biblioteca pública. Este incidente fue “noticia nacional”; apuntando a que una funcionaria municipal había increpado a la gobernadora, y la prensa oficialista u oficial, se preocupó de remarcar que la mujer tenía “trastornos psicológicos”. La noticia parecía ser la interrupción de un acto de la gobernadora; pero lo que debría haber importado fue la inusitada y extrema reacción “institucional” que no solo acodó y castigó a Grabano echándola del acto, sino también afectó su ámbito y ambiente laboral.
Solo 6 meses después de aquel hecho, la ciudad de Caleta Olivia se conmocionó por la noticia de su muerte y la manifestación durante el acto del día de la Memoria, dejó en claro que la comunidad no está dispuesta a Olvidar.

Callar a las mujeres

No es la primera vez que una mujer alza la voz y reclama algo en el ámbito de la municipalidad de Caleta Olivia. Del mismo modo, no es la primera vez que la respuesta institucional es la misma: el deprecio, el ninguneo y el destrato
(violencia en todos los aspectos).
Este fue el caso de Mónica Vilchez, referente del Centro Integral de la Mujer, quien en junio del año pasado sufrió en carne propia el destrato público y la violencia verbal por parte del Jefe de Gabinete de la Comuna; Juan Carlos Gómez. Se trata nada más y nada menos de la “mano derecha” del intendente Cotillo y el “ejecutor” de sus decisiones.
Todo tuvo lugar en un concurrido encuentro en el cual Vilchez sufrió descalificaciones y agravios verbales; que derivaron en una de denuncia formal en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Luego de incidente, Vilchez debió ser internada durante dos días en Terapia Intensiva. Es que el impacto psicológico de esa agresión, repercutió en lo físico.
La denuncia derivó en una orden de restricción al Jefe de Gabinete denunciado; pero también alcanzó a otros funcionarios que no actuaron pese al contexto de la situación.
Vale mencionar que en la misma denuncia, la víctima expresó que se sintió “agredida, intimidada, que tenía miedo, se sintió violentada y mientras estuvo internada en la UTI del hospital Meprisa, recibió la visita de dos personas, presuntamente enviadas por el Ejecutivo municipal, para “arreglar las cosas”. Este testimonio que consta en la denuncia deja todo más que claro. No se trata del arrebato momentáneo o espontáneo de un funcionario; es un “modus operandi”.

Hostigamiento es violencia

La presión, el acoso y la violencia “sutil” o “exacerbada” son parte de un modelo de gestionar el recurso humano ( a los trabajadores).
Esto es mas que evidente y el caso Grabano nos permite recordar que no debemos naturalizar el maltrato.
Mas recientemente, se dio el caso de Miriam Raquel Bermúdez, quien se desempeñaba como Subsecretaria de Turismo de la municipalidad, y renunció haciendo publico un apriete sufrido para que renuncie. Se trató de un llamado telefónico en donde se le exigía renunciar a su cargo, bajo el pretexto de la falta de “compromiso político” con la gestión de Cotillo. Según trascendió, lo único que no había hecho la ahora ex funcionaria fue asistir a un acto.
Más allá de loa anecdótico, todo el incidente es otra muestra de la forma de “conducción” que tiene Cotillo y su gabinete. En este sentido, deberíamos volver al caso Vilchez, dado que en aquella denuncia también se había incluido a la Secretaria de Cultura, Turismo, Deporte, Juventud y Mujer; “Sandra Díaz como así también de todo el personal que le depende a ambos funcionarios”. Por eso, las personas mencionadas en esa denuncia fueron informados de la “prohibición de acercamiento a la víctima por el término e 90 días, tanto en el domicilio como en la vía pública”. Es más, la orden judicial mencionaba contactos por “cualquier via, telefónica, Mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram etc”. Este es un detalle que demuestra que no es necesario que la violencia, la presión o el hostigamiento se produzca en situaciones públicas o personales; y el hecho denunciado por Bermúdez demuestra esto.

Fuera de la ley

Finlamente cabe pregunatrse si por estas horas no debería haber presentado ya la renuncia a su cargo Cristhel Yacante Secretaria de Mujer y Género de la Municipalidad de Caleta Olivia.
Esta funcionaria no solo presenció los dos hechos públicos mencionados anteriormente, sino que ademas ingonoró las denuncias publicas y las realizadas en organismos oficiales.
Cabe mencionar que la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales expresa que estos hechos debe ser denunciados.
Puntualmente, el artículo 18 expresa: “Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.
Además la denominada Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019; establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Algo que obviamente, en la municipalidad de Caleta Olivia, durante la administración de Fernando Cotillo no tiene la menor importancia.