Colombia es el país latinoamericano más letal para las disidencias sexuales y de género. En 2022, al menos 148 personas LGBTI fueron asesinadas, según un informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe (Sin Violencia LGBTI), un grupo de organizaciones civiles que desde 2016 recopila datos de homicidios de esa población.
Karin Silvina Hiebaum – International Press
El informe más reciente, que EL TIEMPO conoció en exclusiva, revela que el año pasado al menos 344 personas LGBTI fueron asesinadas en diez países de la región (Bolivia, Colombia, México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Perú, Ecuador, Nicaragua y El Salvador). Por tercera ocasión consecutiva, Colombia registró la mayor parte de esos casos: el 43 por ciento del total ocurrió en nuestro país.
La Red explica que esos hechos de violencia son analizados bajo el concepto de “violencia por prejuicio”, entendido como los actos que buscan causar daño a una persona debido a la percepción negativa que se tiene sobre su expresión e identidad de género, su orientación sexual o sus características sexuales.
Esa categoría, comenta Gustavo Pérez, integrante de la secretaría técnica de la Red, “permite problematizar la violencia contra personas LGBTI en nuestro contexto porque justamente a lo que apunta es a los hechos de violencia motivados por prejuicios sobre la víctima, es decir que no son actos de violencia como cualquier otro, entre los muchos que ocurren en nuestra región, sino que son por el simple hecho de ser o parecer gay, lesbiana, bisexual, trans o intersex”.
A nivel subregional, el informe muestra que la mayoría de los hechos documentados el año pasado se concentraron en Centroamérica y el Caribe (177 casos), y en menor medida en la región Andina (167). Esto da cuenta, además, de una tendencia que, aunque llamativa, debe mirarse con cuidado.
En algunos países de Centroamérica y el Caribe hubo aumentos significativos de los casos entre 2021 y 2022: República Dominicana pasó de 6 a 17, Honduras de 29 a 43 y México de 78 a 85. Pero, en contraste, en países del área Andina hubo una reducción. Es el caso, por ejemplo, de Ecuador, que pasó de 15 a 9 en ese mismo periodo, y Perú, que pasó de 16 a 10.
La reducción incluso se presentó en Colombia, donde durante el 2021 se documentaron 205 casos, es decir 57 más que el año pasado.
#YoMarchoTrans, una movilización convocada el 3 de julio de 2020 en rechazo a la muerte de Alejandra Monocuco, una mujer trans que habría muerto por negligencia médica.
El propio registro regional da cuenta de una reducción que a primera vista podría parecer alentadora. La cifra de homicidios del año pasado recopila 33 casos menos que en 2021. Sin embargo, el informe advierte que esta tendencia, de cualquier modo, no significa necesariamente que hubo una disminución de violencia, sino que, por el contrario, son mayores las restricciones al acceso a la información sobre violaciones de derechos humanos.
“Parte de la reducción de casos registrados en esos países podría deberse a problemas en la calidad y acceso a la información sobre muertes violentas de personas LGBTI”, aclara el documento, que también señala que, “aunque la información disponible no permite establecer las razones de la reducción a nivel regional”, las organizaciones que integran la red -diez en total, una por cada país-, otras organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos coinciden en que “existen problemas en la calidad de la información oficial sobre los homicidios”.
